La amnistía, en espera de la justicia europea

El largo camino político y judicial recorrido por la ley de amnistía tendrá una clara oportunidad para desbloquearse a finales del próximo mes de mayo, al término del ciclo electoral autonómico. Es muy probable que en la segunda quincena de dicho mes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dé a conocer su sentencia sobre las cuestiones prejudiciales que el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional plantearon contra la aplicación de la ley de amnistía al líder de Junts, Carles Puigdemont, y otros líderes del procés. Si el fallo sigue las líneas generales del informe que el Abogado General del TJUE —con sede en Luxemburgo— dio a conocer en noviembre pasado, tanto el Constitucional como el Supremo contarán ya con todas las cartas sobre la mesa para tomar las decisiones que tienen pendientes sobre la aplicación de dicha ley a los líderes independentistas.

El órgano de garantías ha de resolver el recurso de amparo que presentó Puigdemont frente a la tesis del Supremo en el sentido de que la ley de amnistía excluye el delito de malversación. El propio Supremo, a su vez, tiene pendientes otros recursos por inaplicación del perdón a personas condenadas por los tribunales ordinarios en relación con delitos en los que incurrieron en las manifestaciones y protestas contra la sentencia que condenó a los dirigentes del procés. Tanto el Constitucional como el Supremo han considerado que deben aguardar a que se pronuncie la justicia europea sobre las impugnaciones contra la ley de amnistía antes de resolver los respectivos recursos que tienen pendientes. La espera se está haciendo larga, pero en ambos casos se ha tomado la decisión de aguardar al fallo del Tribunal de Justicia de la UE con el fin de poder examinar con detalle qué margen —total o no— deja esta sentencia para aplicar el perdón a Puigdemont y otros miembros del gobierno de la Generalitat durante el procés.

El informe del Abogado General del TJUE —preceptivo, pero no vinculante para el Tribunal de Luxemburgo— despejó con mucha claridad las dudas que se le expusieron desde el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. El dictamen estimó que la norma responde a la búsqueda de “un contexto real de reconciliación política y social y no constituye una autoamnistía”. Si el TJUE hace suyas estas tesis fuentes del Constitucional dan por seguro que el recurso de amparo de Puigdemont prosperará, aunque con la probable oposición del bloque conservador de esta institución, que ya consideró inconstitucional la ley de amnistía. En cambio, en medios del Supremo sigue sin descartarse la posibilidad de presentar una nueva impugnación ante el Tribunal de Luxemburgo, o que se rechace directamente la aplicación del perdón al delito de malversación si el nuevo fallo considerase afectados por el procés los intereses financieros de la Unión Europea o vulnerado algún principio esencial del derecho europeo. En los mismos círculos se estima que si la sentencia del TJUE es tan rotunda como el informe precedente, mal se podrán seguir poniendo obstáculos a la plena aplicación de la ley de amnistía.