Koldo García tendrá que esperar en prisión la sentencia sobre la trama de las mascarillas. El Tribunal Supremo ha rechazado este lunes la petición de puesta en libertad que reclamó su abogada el pasado miércoles, antes de que quedara visto para sentencia el juicio por la presunta trama en torno a los contratos de mascarillas en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. La Sala de lo Penal, en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que, tras la vista oral, no se ha modificado ninguna de las circunstancias que se valoraron en noviembre pasado para decretar la prisión provisional para el exministro y su antiguo asesor ministerial.
La Sala Penal considera que sigue existiendo riesgo de fuga y deniega la petición de excarcelación de la defensa del antiguo asesor de Ábalos
La Sala Penal considera que sigue existiendo riesgo de fuga y deniega la petición de excarcelación de la defensa del antiguo asesor de Ábalos
Koldo García tendrá que esperar en prisión la sentencia sobre la trama de las mascarillas. El Tribunal Supremo ha rechazado este lunes la petición de puesta en libertad que reclamó su abogada el pasado miércoles, antes de que quedara visto para sentencia el juicio por la presunta trama en torno a los contratos de mascarillas en el Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos. La Sala Penal, en un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS, señala que, tras la vista oral, no se ha modificado ninguna de las circunstancias que se valoraron en noviembre pasado para decretar la prisión provisional para el exministro y su antiguo asesor ministerial.
La abogada de García reclamó de viva voz la puesta en libertad de su cliente en los últimos instantes del juicio oral, al entender que, una vez terminado el juicio, no había peligro de que el acusado se diera a la fuga e impidiera la celebración del juicio. El presidente de la Sala Penal, Andrés Martínez Arrieta, pidió la opinión de las partes y tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación popular, dirigida por el PP, se opusieron a la excarcelación al entender que no han desaparecido las condiciones que justificaron la prisión provisional, especialmente el riesgo de fuga, debido a que durante la vista se han confirmado los indicios contra él y es previsible que se le pueda imponer una pena alta (el ministerio público reclama para él 19 años y medio de cárcel y el PP, 30 años).
En el auto dictado este lunes, los magistrados acogen este criterio y señalan que no se advierte “ninguna modificación en las circunstancias valoradas en su momento para acordar la medida cautelar que permitan amparar la pretensión deducida, particularmente, por la desaparición del riesgo de fuga”. “Ha de valorarse a estos efectos que, concluido el juicio oral, estamos en los inicios de una deliberación, compleja, que exige un examen detallado de la causa”, añade la sala.
El magistrado Leopoldo Puente, instructor del caso, envió al exministro y su asesor a prisión el pasado 27 de noviembre, al considerar que el riesgo de fuga de ambos era “extremo” una vez que las acusaciones habían registrado sus peticiones de pena para ambos. “La extensión de las penas solicitadas resulta tan relevante que se comenta por sí sola”, señaló el juez, que recordó que hay indicios “más que bastantes de la eventual comisión de graves hechos delictivos”. Desde entonces, las defensas de Ábalos y García han reclamado su excarcelación en varias ocasiones, pero los magistrados lo han rechazado. La de este lunes es la primera vez que ratifican esa decisión una vez concluida la vista oral.
El juicio contra Ábalos, García y el empresario Víctor de Aldama quedó visto para sentencia el miércoles pasado después de un duro alegato final del jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien consideró que el exministro, su asesor y Aldama conformaron “una verdadera organización criminal” cuyo objetivo era obtener un beneficio “al socaire del cargo que ostentaba Ábalos”. Las defensas del exministro y quien fuera su asesor pidieron la absolución y han reprochado la falta de pruebas contra ellos, mientras que la de Aldama ha reclamado una mayor rebaja de pena (las acusaciones reclaman siete años para él) y ha defendido la relevancia de su colaboración.
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