Para reconvenir al PP, el líder de Vox, Santiago Abascal, expuso esta semana una deducción lógica: “No se puede decir que el Gobierno es una mafia y a la vez llegar a acuerdos con esa mafia”. Ni llegar a acuerdos, ni seguramente mantener una mínima relación institucional. Tras clasificar al Gobierno como “organización criminal” y a su presidente de “capo de la mafia”, después de pregonar que el país es un caos al borde de colapso, los populares no podían llegar este viernes a Barcelona y celebrar con Pedro Sánchez una Conferencia de Presidentes autonómicos como si tal cosa. Y el encuentro, como era previsible, derivó en un combate. Y en un preparativo para la manifestación del próximo domingo con ese lema insólito, incluso para un país que ha vivido tantos momentos de hiperventilación política: “Mafia o democracia”.
El choque institucional frustra el nuevo intento de Sánchez de recuperar el control de la agenda
Para reconvenir al PP, el líder de Vox, Santiago Abascal, expuso esta semana una deducción lógica: “No se puede decir que el Gobierno es una mafia y a la vez llegar a acuerdos con esa mafia”. Ni llegar a acuerdos, ni seguramente mantener una mínima relación institucional. Tras clasificar al Gobierno como “organización criminal” y a su presidente de “capo de la mafia”, después de pregonar que el país es un caos al borde de colapso, los populares no podían llegar este viernes a Barcelona y celebrar con Pedro Sánchez una Conferencia de Presidentes autonómicos como si tal cosa. Y el encuentro, como era previsible, derivó en un combate. Y en un preparativo para la manifestación del próximo domingo con ese lema insólito, incluso para un país que ha vivido tantos momentos de hiperventilación política: “Mafia o democracia”.
El intento de Sánchez de recobrar, al menos por un día, el control de la agenda resultó vano. El Gobierno pretendía poner una pausa en la rutina escandalosa de los últimos días y poner el acento en su propuesta de triplicar las inversiones públicas en política de vivienda, a la cabeza de las preocupaciones ciudadanas. Para el encuentro se eligió Barcelona, un modo de visualizar la normalización institucional de Cataluña. Pero el choque lo tapó todo. Y la institucionalidad se rompió por otro lado, con Isabel Díaz Ayuso en papel estelar.
El PP ya había apuntado sus intenciones previamente. Amenazó con plantar la conferencia e impuso una agenda inabarcable, con 14 puntos, algunos de ellos sin la menor relación con la política autonómica, como las leyes de reforma del Poder Judicial. Llegado el momento, la reunión de presidentes derivó en una copia de lo que sucede cada semana en el Congreso. Uno tras otro, los populares exigieron la convocatoria inmediata de elecciones. Ni el valenciano Carlos Mazón se reprimió. Los asuntos de pura gestión quedaron sepultados por la bronca. Solo cinco comunidades —Euskadi, Cataluña, Navarra, Asturias y Canarias— aceptaron “inequívocamente”, en palabras de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, negociar a partir del lunes las transferencias económicas prometidas.
Y, si de bronca se trata, nadie puede competir con Ayuso. La presidenta madrileña coleccionó desplantes y acaparó focos. Primero negó el saludo a la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, a la que acusó de llamarla asesina por responsabilizarla de las muertes de ancianos en las residencias durante la pandemia. Ella, que esta misma semana comparaba la situación bajo el Gobierno de Sánchez “con los peores años del País Vasco”. Luego se ausentó para no oír a los presidentes vasco y catalán hablar en sus lenguas. Un gesto que indignó especialmente al lehendakari, Imanol Pradales.
Mientras Ayuso volvía a colgarse la medalla de la más insobornable combatiente antisanchista, dos compañeros suyos —el gallego Alfonso Rueda y la balear Marga Prohens— también empleaban las lenguas de sus territorios. Feijóo, en cambio, no quiso quedarse atrás de Ayuso. Y acabó el día, en un acto en Oviedo, mimetizando el discurso de la lideresa madrileña. Arremetió también contra el uso en Barcelona de las lenguas cooficiales y acusó a Sánchez de promover la “división y el enfrentamiento”.
El PP lleva casi dos años luchando contra la frustración que le dejaron las últimas elecciones. Como en 1993, la legislatura en que el término crispación se popularizó en la política española, los populares se encontraron con un inesperado revés electoral cuando todos los pronósticos los situaban al borde del poder. El partido, como admiten algunos dirigentes, se consoló con la idea de que la situación del Gobierno era tan precaria que a poco que se le presionase acabaría cayendo. Y siempre parecía haber llegado el momento oportuno: con la amnistía —que concitó hasta cinco manifestaciones en Madrid—, con las amenazas de Carles Puigdemont, con la imputación de la esposa del presidente, con las supuestas corruptelas de José Luis Ábalos o con las dudosas revelaciones del comisionista Aldama. El último, el folletinesco episodio de Leire Díez y la nueva campaña con el lema de “mafia”.
Hasta ahora, nada de eso ha logrado tumbar al Gobierno. El propio José María Aznar avisaba días atrás: “Faltan dos años para las elecciones”. Dos años en los que, si nada cambia radicalmente, el PP seguirá cultivando el marxismo, versión Groucho: “¡Más madera, que es la guerra!”.
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