El Gobierno mantiene su apoyo hasta el final sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y da un salto más en su crítica al auto del juez del Supremo Ángel Hurtado. El Ejecutivo no llega a acusarlo de prevaricación, el delito más grave para los jueces —tomar una decisión injusta a sabiendas—, pero casi dice lo mismo con otras palabras para evitar plantear actuaciones delictivas de un magistrado y, políticamente, lanzar el mismo mensaje.
El Ejecutivo mantiene el apoyo a Álvaro García Ortiz y sube un peldaño en su crítica al auto del juez Hurtado
Investigación al fiscal general
El Ejecutivo mantiene el apoyo a Álvaro García Ortiz y sube un peldaño en su crítica al auto del juez Hurtado

El Gobierno mantiene su apoyo hasta el final sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y da un salto más en su crítica al auto del juez del Supremo Ángel Hurtado. El Ejecutivo no llega a acusarle de prevaricación, el delito más grave para los jueces, esto es tomar una decisión injusta a sabiendas, pero casi dice lo mismo con otras palabras para evitar plantear actuaciones delictivas de un magistrado y, políticamente, lanzar el mismo mensaje.
La portavoz, Pilar Alegría, ha sido directa en una respuesta muy preparada en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. “Es evidente que a estas alturas algunos jueces están haciendo cosas difíciles de entender”, ha dicho ante la primera pregunta sobre el auto del juez Hurtado. También le preguntaron si el Ejecutivo cree que el juez está tomando decisiones injustas a sabiendas, si está prevaricando. Y ella no rechazó el término aunque se mantuvo en la frase que tenía preparada y medida. “Creo que con la expresión difíciles de entender se explica bien. No hay ninguna prueba clara que señale al fiscal general como filtrador de nada. Varios periodistas explicaron que tenían esa información y no por el fiscal y no se han tenido en cuenta sus testimonios. La expresión es prudente, pero suficientemente explícita”, ha rematado, insinuando así la idea de la prevaricación pero sin mencionarla.
El Ejecutivo está siendo muy duro con el auto del juez, que critican de forma aún más fuerte en privado. Por eso defienden al fiscal, porque creen que está siendo procesado de manera injusta y sin ninguna prueba. Por eso rompen el criterio, bastante instalado en el PSOE en los últimos años, de que un dirigente debe dimitir cuando se le abre juicio oral. El Ejecutivo apela a la excepcionalidad de la actuación del juez para justificar la excepcionalidad de su respuesta, que implica defender al fiscal general hasta el final, prácticamente hasta que sea condenado, algo que además ven totalmente imposible sin pruebas.
“Este Gobierno mantiene el apoyo al fiscal general”, ha dicho Alegría. “Niego rotunda y categóricamente que hubiese instrucciones por parte de presidencia. Esto no sucedió nunca. Lamentamos mucho que el Supremo haya hecho estas afirmaciones sin ninguna prueba. No hay ninguna prueba de que el fiscal filtrara nada. Varios periodistas declararon que tenían la información varias horas antes, y estos testimonios se tiraron a la basura. Defendemos la presunción de inocencia, máxime en este caso. No es un auto firme, cabe recurso, trasladamos la máxima confianza en la justicia, en la honestidad y el buen trabajo de jueces y fiscales”, ha rematado la portavoz.
El Gobierno cree que el juez ha cometido un error grave con un auto en el que no aporta nada sólido para incriminar al fiscal y está convencido de que una parte muy importante de la opinión pública, según las encuestas que maneja internamente el Ejecutivo, está empezando a girar ante la evidencia de que algunos jueces —el Gobierno siempre insiste en que son solo unos pocos, no muchos ni una mayoría— están tomando decisiones al límite para perjudicar al Ejecutivo. Así que el Gobierno, ya desde hace meses, ha cambiado su habitual respuesta de “respeto total a la actuación de los jueces” por un contrataque con dureza a cada decisión polémica que le perjudica.
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Sobre la firma

Es corresponsal político de EL PAÍS, encargado de la información del Gobierno y de los viajes del presidente. Antes fue corresponsal en Buenos Aires y está especializado en información política, siguiendo a distintos gobiernos y a varios partidos. Ex alumno del Liceo Italiano de Madrid, se licenció en Economía y cursó el máster de EL PAÍS.
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