“La mayor reforma en la carrera judicial en 40 años”, así justificó este martes el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, la necesidad de sacar adelante cuanto antes el proyecto de ley que cambia, amplía y facilita el acceso a los trabajos de juez y fiscal. Este jueves los partidos de la coalición en el Gobierno y sus socios habituales tumbarán las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox y se darán un plazo de apenas 24 horas para que se presenten en el Congreso enmiendas parciales a esa nueva norma. Todo en un contexto de gran acoso político, mediático y judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que esté lunes quedó a un paso de sentarse en el banquillo por el caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y en uno de los momentos más tensos de la legislatura por distintos escándalos judicializados.
El PSOE impulsa al máximo grandes cambios para llegar a ser juez y fiscal en pleno acoso contra Álvaro García Ortiz
“La mayor reforma en la carrera judicial en 40 años”, así justificó este martes el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, la necesidad de sacar adelante cuanto antes el proyecto de ley que cambia, amplía y facilita el acceso a los trabajos de juez y fiscal. Este jueves los partidos de la coalición en el Gobierno y sus socios habituales tumbarán las enmiendas a la totalidad presentadas por PP y Vox y se darán un plazo de apenas 24 horas para que se presenten en el Congreso enmiendas parciales a esa nueva norma. Todo en un contexto de gran acoso político, mediático y judicial contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que esté lunes quedó a un paso de sentarse en el banquillo por el caso de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y en uno de los momentos más tensos de la legislatura por distintos escándalos judicializados.
Cuando el ministro de Justicia, Félix Bolaños, presentó en mayo el proyecto de reforma del Estatuto Fiscal que ha patrocinado e impulsado desde hace meses aseguró que había que desvincular esa reforma que ampliará el mandato de ese cargo clave en el futuro a cinco años de cualquier polémica de actualidad y en concreto de la situación procesal que afecta de lleno al actual fiscal general del Estado. Esos cambios del Estatuto Fiscal forman parte de otra ley y no entrarán en vigor hasta el 1 de enero de 2028, es decir, para cuando acabe en teoría el actual mandato de Álvaro García Ortiz y tras las próximas elecciones generales, no programadas. Pero para el PP y Vox todo forma parte de una misma estrategia de cerco a la Justicia.
El Gobierno está inmerso en varias modificaciones de calado relacionadas con la Fiscalía, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la entrada en la judicatura, algunas aún en sus primeras fases, pero el proyecto de ley que se discute este jueves se centra en el acceso a esas carreras de juez y fiscal. El socialista Patxi López esgrimió para justificar la necesidad y urgencia de esta primera gran reforma —que rechazan varias asociaciones de jueces y fiscales conservadoras hasta el punto de convocar este miércoles un parón de 10 minutos en señal de protesta— que con la misma se promoverá la igualdad de oportunidades para acceder al trabajo de juez y fiscal con becas durante cuatro años con el salario mínimo a los que opositen y la llegada directa de los juristas con más de 10 años de experiencia.
En el Gobierno y el PSOE argumentan que todos estos cambios van en línea con lo establecido en la mayoría de los países europeos y con lo que demandan desde hace años entidades como el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), un órgano dependiente del Consejo de Europa.
La reforma para el acceso a la carrera judicial cuenta, en principio, con el apoyo de prácticamente todos los partidos del pacto de investidura, con los que el ministro sigue en conversaciones para aceptar algunas enmiendas parciales y que el jueves votarán en contra de las enmiendas de totalidad que solo han registrado y defenderán el PP y Vox.
Los portavoces de esos partidos, Miguel Tellado y Pepa Millán, volvieron a coincidir en sus críticas al Ejecutivo sobre el proyecto, porque lo consideran otra intromisión más en su intento de controlar y atacar a la Justicia al sentirse cercados por diversos escándalos.
Millán, la representante de la formación ultra, acusó “al Gobierno de los imputados y sus socios” de intentar “retorcer la ley del poder judicial para facilitar su politización a través de fiscales y jueces eliminando los requisitos de mérito, capacidad e igualdad en el acceso a la carrera”. Y ahí cuestionó especialmente que en la nueva norma se modifique la “composición de la Comisión Ética Judicial para que cuatro de sus nueve miembros sean designados por las dos Cámaras de las Cortes Generales, para meter a todos los Condes-Pumpidos y Garcías Ortices posibles y favorecer los intereses del Gobierno”.
Tellado, por el PP, quiso poner el acento en las prisas del Ejecutivo por llevar adelante “en tiempo récord” esta reforma “como un tiro, porque lo necesita” para defender sus intereses y “actuar contra el Poder Judicial y Estado de derecho como prioridad única y máxima”. Y ahí concluyó su convicción de que tanto “el comando Bolaños” como “el comando Leire” trabajan de manera coordinada, en alusión a la exmilitante socialista implicada en grabaciones que cuestionan la labor e investigaciones de la UCO y la Guardia Civil que afectan al Gobierno, el presidente y el PSOE.
Las enmiendas de totalidad de PP y Vox serán rechazadas este jueves en el pleno, y el plazo para presentar enmiendas parciales se cerrará, según diversas fuentes parlamentarias, 24 horas más tarde, el viernes. Es un plazo muy rápido, que se suele poner en práctica cuando el Gobierno de turno tiene muy asegurados sus apoyos, casi con unanimidad, como sucedió con la ley ELA y otras de ese tenor.
En el Ejecutivo, sin embargo, defienden que es imprescindible acelerar esta tramitación porque en la misma se persigue incluir con enmiendas una convocatoria extraordinaria e “histórica” de la oferta de empleo público de plazas de jueces y fiscales y el proceso de estabilización y regularización de jueces sustitutos exigido por la Comisión Europea para evitar una sanción millonaria a España. En los próximos tres años se pretenden ofrecer 1.500 plazas.
Tellado no da crédito a ninguno de esos argumentos y catalogó como muy “sospechosa” en sí misma esa celeridad cuando el propio Gobierno mantiene por distintas razones hasta 40 leyes paradas en ponencias y comisiones por faltas de apoyos y congeladas otra treintena de las impulsadas por el propio PP.
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