El director de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha asegurado este miércoles al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que el informe que se ha presentado en la Audiencia Nacional, y que apunta a que existieron avisos previos de flujos migratorios importantes en Ceuta los días anteriores a la avalancha el pasado 30 de julio, no atribuye a Marruecos “la planificación o ejecución” de esa crisis migratoria. Pardo Piqueras se ha reunido durante esta mañana con los responsables de Extranjería y ha conocido por primera vez los detalles de dicho documento que se envió el lunes a la magistrada María Tardón y cuyo contenido se filtró este martes por la noche. Eso provocó el enfado de Grande-Marlaska, que desconocía lo ocurrido y de madrugada envió una inusual carta al director policial para que le explicara si realmente existía información que apuntaba a Rabat.
El ministro del Interior había exigido a Pardo Piqueras explicaciones tras el informe que Extranjería ha presentado en la Audiencia Nacional
El ministro de Interior de España, Fernando Grande-Marlaska, ha exigido en una carta en la madrugada de este miércoles al director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, que, “de ser cierto”, ponga en su conocimiento desde cuándo disponía el cuerpo policial de información que apunta a que agentes marroquíes dirigieron la entrada masiva de personas a Ceuta con un objetivo distinto al migratorio. El titular de Interior da este paso después de que la unidad de inmigración de la Comisaría de Extranjería haya remitido un informe a la Audiencia Nacional comunicando que la entrada de unas 70.000 personas el pasado 30 y 31 de julio pudo estar planificada para colapsar el acceso fronterizo. Durante la mañana de este miércoles, Pardo Piqueras ha citado en su despacho a dos responsables de Extranjería —el comisario general Juan Ávila, el comisario Alfredo Miravete— y el comisario general de Información, Javier Antonio Susín.
El contenido de dicho informe que se ha entregado ante la magistrada María Tardón, adelantado por El Español, expone que gendarmes marroquíes a las órdenes de agentes de paisano guiaron a los migrantes con el fin de colapsar el sistema fronterizo. Según confirman también fuentes policiales a este periódico, dicho documento analiza con detalle todas las imágenes y vídeos que se han visto sobre el terreno. Una información que el ministro Grande-Marlaska desconocía, de acuerdo con el oficio dirigido al director de la Policía.
En esta carta, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, Grande-Marlaska insiste en que necesita “saber desde cuándo disponía la Policía Nacional de esa información, absolutamente esencial” para que, más allá de las actuaciones judiciales, él, como ministro del Interior, dice, “pueda ejercer mi responsabilidad y, en definitiva, el Gobierno pueda adoptar las decisiones oportunas en relación con la crisis migratoria de Ceuta”. El titular de la cartera recuerda que es a él a quien corresponde adoptar decisiones en materia de “defensa del Estado” y evidencia así que ignoraba lo redactado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), remitido este lunes a la Audiencia Nacional.
El oficio añade que se trata de una información que, “habiéndose declarado la situación de interés para la seguridad del nacional prevista en la Ley 36/2015, de Seguridad Nacional, debe ponerse inmediatamente a disposición de los miembros del Consejo de Seguridad Nacional, de la autoridad funcional designada por real decreto del Presidente del Gobierno y de los demás órganos con competencias en este ámbito”. Todo ello, dice Marlaska, “al margen de las actuaciones judiciales que puedan realizarse, que, de momento, se encuentran en un estadio incipiente”, y que no puede ser obstáculo para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado le detallen a él estas cuestiones. “Te agradeceré que me informes a la mayor brevedad sobre la veracidad de lo publicado”, remata.
La cuestión de si Marruecos estuvo o no tras lo ocurrido a finales de julio es nuclear en esta crisis, puesto que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido públicamente que no existe ningún indicio que haga sospechar que Rabat pudo organizar a los migrantes. Sánchez, en una entrevista en la Cadena SER este mismo lunes, señaló que el país vecino ofreció una “cooperación instantánea, inmediata” y aseguró que se estaba colaborando de forma estrecha para las devoluciones. El líder del PSOE insistió en que tras lo sucedido podían estar mafias, pero siguió la línea marcada antes por Marlaska, que aseguraba que nunca existió información suficiente de que un número tan elevado de personas fuera a cruzar la frontera.
Lo cierto es que María Tardón tiene en su mesa este documento policial que trasladó este martes a la Fiscalía para que se pronuncie. La magistrada decidió el pasado 3 de agosto dar un primer paso para iniciar una investigación después de que el partido Iustitia Europa denunciara la entrada masiva de personas a la ciudad autónoma. Antes de abrir una causa, la instructora pidió distintos informes policiales tanto a la Policía como a la Guardia Civil para aclarar si lo ocurrido se trató de “una acción concertada o dirigida” por algún “grupo criminal” o cualquier otro actor y si, en su caso, el Gobierno manejaba cualquier tipo de información previa.
Una vez la Unidad de Extranjería contestó, la jueza ha remitido la información a la Fiscalía para que esta aclare si el asunto es competencia de la Audiencia Nacional, según informan fuentes judiciales. Está previsto que, tras la contestación del ministerio público, la magistrada dicte un auto que decida si efectivamente hay material suficiente para iniciar una investigación y si esta debe quedarse en ese órgano judicial porque afecta a la seguridad del Estado o trasladarse a un juzgado ordinario de Ceuta.
En la denuncia de Iustitia Europa se planteaba que la “movilización” de personas migrantes de Marruecos a Ceuta no podía “ser calificada como un fenómeno migratorio ordinario o espontáneo” por la “dimensión temporal y la concentración de miles de individuos lanzándose simultáneamente al mar desde las costas marroquíes”. “Nos encontramos ante una instrumentalización de flujos migratorios que, por su volumen y forma de ejecución, supone un desbordamiento de las capacidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los servicios de acogida, comprometiendo la integridad territorial y la seguridad pública en una frontera exterior de la Unión Europea”, exponía.
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