El dilema electoral de Pedro Sánchez (y del PSOE)

Pedro Sánchez resiste pese a haber iniciado la legislatura con el ejercicio de contorsionismo de la amnistía a los implicados en el procés, que de ser anatema pasó a ser plenamente constitucional. Pese a tener una mayoría negativa en el Congreso tras el reciente portazo de Junts, lo que deja en punto muerto un mandato ya de por sí complejo. Pese a que los Presupuestos Generales del Estado están prorrogados desde 2023 y no hay expectativas de aprobar unos nuevos. Pese al cerco judicial a su esposa y a su hermano. Pese a la reciente condena al fiscal general del Estado. Y, finalmente, pese a que sus dos anteriores secretarios de Organización en el PSOE, personas de su absoluta confianza, están implicados en un latrocinio sonrojante.

Cada uno de estos episodios, aisladamente, haría temblar un Gobierno; todos ellos sumados, lo harían inviable. Pero no es así en el caso de Sánchez, que una vez más hace de la resistencia una forma de victoria, para desesperación de la legión de detractores, a los que la ansiedad por el cambio los lleva a un discurso de trazo grueso que dibuja una España apocalíptica que, una vez más, se juega a los dados no solo su democracia sino su supervivencia.

Sostener que España va de cabeza a una dictadura o que es ya una autocracia no solo es de orates, sino que se compadece mal con la tozuda realidad que acecha a Sánchez. En el plano político, la confianza de los aliados de la investidura es menguante y su margen para tomar decisiones con impacto en la ciudadanía son cada vez menores. Y en el plano judicial, los jueces están investigando sin cortapisas tanto los casos que afectan a su esfera familiar como los de corrupción que salpican a dirigentes socialistas. Ni España es una satrapía, como aseguran sus críticos, ni en España está extendido el lawfare, como opinan quienes ven una conjura togada para acabar con el Gobierno, por mucho que algunas decisiones judiciales resulten incomprensibles.

Es cierto que Sánchez acumula ya muchos de los vicios del poder que han tenido sus predecesores: tentación de colonizar las instituciones, de utilizar de forma partidista los medios públicos, de interferir en empresas privadas o de atribuir sus problemas a ocultos e indescifrables intereses. Su sentido oportunista y pragmático de la política le ha permitido surfear en aguas turbulentas desde hace casi una década tanto a nivel orgánico como institucional. Y en 2026, con la apertura del nuevo ciclo electoral en España, tiene ante sí otra decisión trascendental que marcará su futuro y el de su partido. Si apura el calendario de las generales hasta 2027, como ha afirmado en reiteradas ocasiones, sus candidatos municipales y autonómicos serán los primeros en sufrir en las urnas el indiscutible desgaste del Gobierno. Los previsibles pactos de un PP estancado y un Vox crecido le darían, como en 2023, una opción de llegar con aliento a las generales. Si anticipa elecciones será él quien se exponga primero al veredicto ciudadano y quitará presión a los candidatos territoriales socialistas, que serían, en este caso, los beneficiados por las primeras decisiones de un gobierno del PP con los ultras. Este es el dilema electoral de Sánchez… Y del PSOE.