El buen nombre de la Policía

Dos de mis amigas de toda la vida han sufrido violencia sexual. Las dos denunciaron y las dos vieron condenados a sus agresores, pero el proceso fue largo y tedioso, especialmente en uno de los casos. Ambas tuvieron que visitar varias veces la comisaría y el juzgado y, si les preguntas, las dos hablarán del buen trato que recibieron por parte del personal policial y de la Administración.

En el caso de una de ellas tuve que declarar como testigo: cuando se produjo la agresión, mi amiga y yo, que no conocíamos al agresor, íbamos durmiendo en un autobús nocturno, yo con la cabeza apoyada en la ventana y ella con la suya sobre mi hombro. Antes de pedirle que describiera la ropa que llevaba aquella noche, el agente que nos tomó declaración le pidió a mi amiga que por favor no sintiera que la estaba cuestionando por lo que iba a preguntarle a continuación. Que era una pregunta rutinaria y necesaria para reflejar en el caso, no destinada a culparla por lo que había ocurrido. Teníamos entonces 20 años y ninguna idea sobre protocolos en casos de violencia sexual, una cuestión que entonces no ocupaba el mismo espacio en el debate público que ahora. Pero no nos hizo falta para saber que aquel hombre lo hizo bien.

Dice José Ángel González Jiménez, el exdirector adjunto operativo denunciado por presunta violación, que ha dimitido para no perjudicar “el buen nombre de la Policía”. Pero incluso si finalmente fuera absuelto y demostrase su inocencia, me temo que el daño ya estaría hecho. Porque 15 años después de la agresión a la primera de mis amigas, todos estamos familiarizados con términos relativos a la violencia sexual que hace una década nos eran ajenos. Y uno de ellos es el de revictimización: el sufrimiento añadido que experimenta la víctima de un delito o acto traumático, provocado por las instituciones, la sociedad o los medios.

En el caso de la denunciante del ex-DAO, quien además de sufrir su presunta violación fue insultada por él mediante whatsapps y asediada a llamadas, la revictimización es muy clara. Primero en su entorno laboral, donde se le ofrecieron prebendas para comprar su silencio y donde, según su declaración, el comisario Óscar San Juan, destituido por Interior, la habría presionado para que se callase. Después, en los grupos de mensajería de sus compañeros, donde enseguida se filtró su identidad. Y, tras esto, en el Congreso de los Diputados, donde el ministro Marlaska, entre broncas y estruendosos aplausos de sus colegas del PSOE —no sabemos muy bien con motivo de qué—, anunció que dimitiría si la víctima consideraba que le había fallado. ¿Se imaginan que, en uno de los momentos más duros de sus vidas y mientras que España entera habla de ello, les colocaran el peso de todo un ministerio sobre sus espaldas?

Ayer conocimos que, después de ser presuntamente violada por la máxima autoridad de la institución a la que las víctimas de violación acuden para denunciar, después de ver cómo su identidad se filtraba entre aquellos que tienen que velar por mujeres que, como mis dos amigas, acuden a la comisaría para denunciar delitos sexuales, a la presunta víctima del ex-DAO se le ha puesto escolta. Un gesto que seguramente a ella, que declara haber sufrido una campaña de presión durante meses, le reconforte. Pero que inevitablemente causa alarma en el resto, que nos preguntamos por qué necesita protección alguien que ha denunciado a quienes tienen que protegernos.