La Administración Trump sigue defendiendo a Israel y ha impuesto sanciones a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) en represalia por la investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel durante su ofensiva contra en Gaza y en Cisjordania y por «la investigación de soldados en Afganistán»EEUU veta una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego en Gaza mientras sigue la matanza israelí de civiles
Nueva defensa de EEUU a Israel, que esta vez lleva consigo un ataque. Donald Trump ha decidido imponer sanciones a cuatro juezas por las “acciones ilegítimas de la Corte Penal Internacional contra Estados Unidos e Israel”. La medida, según Washington, responde a lo que considera una “politización y abuso de poder” por parte del tribunal con sede en La Haya.
Pero lo cierto es que el tribunal internacional, que vio la luz a finales de la década de los 90, tiene como objetivo que los crímenes más graves que se pueden cometer no queden impunes. Esta idea central de la Corte, evitar que quienes se consideran los peores criminales del mundo salgan impunes, asomó tras las palabras del fiscal del tribunal, Karim Khan, cuando, el 20 de mayo de 2024, pidió arrestar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su entonces ministro de Defensa y tres líderes de Hamás: “Hoy subrayamos una vez más que el derecho internacional y las leyes de los conflictos armados se aplican a todos. Ningún soldado raso, ningún comandante, ningún dirigente civil, nadie, puede actuar con impunidad”.
Y eso a Estados Unidos no parece buscarle cuando se trata de sus amigos.
Así, el Departamento de Estado de EEUU, encabezado por Marco Rubio, ha comunicado este jueves que impone “sanciones contra personas extranjeras involucradas en ciertas acciones de la CPI, especialmente aquellas dirigidas contra ciudadanos estadounidenses e israelíes sin el consentimiento de sus respectivos gobiernos. Las juezas sancionadas han participado directamente en decisiones que autorizaron investigaciones o la emisión de órdenes de arresto contra personal estadounidense o altos cargos israelíes”.
Las juezas son: Solomy Balungi Bossa, jueza de la Sala de Apelaciones; Luz del Carmen Ibáñez Carranza, jueza de la Sala de Apelaciones; Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou, jueza de las Salas de Cuestiones Preliminares y de Juicio; y Beti Hohler, jueza de las Salas de Cuestiones Preliminares y de Juicio.
Según informa el Departamento de Estado, Bossa e Ibáñez Carranza autorizaron la investigación de la CPI sobre la actuación de militares estadounidenses en Afganistán en 2020, mientras que Alapini-Gansou y Hohler avalaron la emisión de órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
Minutos después del anuncio del gobierno de EEUU, la CPI condenó sus acciones. “Estas medidas son un intento claro de socavar la independencia de una institución judicial internacional”, dijo el portavoz del organismo, Fadi El Abdallah, en un comunicado: “Apuntar contra quienes trabajan por la rendición de cuentas no ayuda en nada a los civiles atrapados en conflictos. Solo da alas a quienes creen que pueden actuar con impunidad”.
En febrero, el fiscal jefe de la corte con sede en La Haya, Karim Khan, fue incluido en la lista de “Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas” de Washington, lo que le prohíbe hacer negocios con ciudadanos estadounidenses y le impone restricciones para entrar en Estados Unidos.
Khan, que estaba preparando óedenes de arresto contra los dos ministros más extremistas del Gobierno israelí cuando anunció a mediados de mayo que se apartaba del cargo hasta que finalice la investigación en su contra por conductas sexuales inapropiadas con una empleada del tribunal, según desveló el periódico The Wall Street Journal citando a extrabajadores y trabajadores actuales de la CPI.
Las sanciones
A partir de esta decisión, dice el Departamento de Estado de EEUU, quedan bloqueados todos los bienes y activos de las juezas mencionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, y deben ser informados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Además, se prohíben las transacciones con las personas sancionadas, ya sea por parte de ciudadanos estadounidenses o dentro del territorio de EEUU, salvo autorización expresa de la OFAC. Esto incluye el envío o recepción de fondos, bienes o servicios.
Marco Rubio: “Es un vergonzoso ataque a EEUU y a Israel”
“Estas personas participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o de Israel, sin el consentimiento de Estados Unidos o Israel”, ha dicho Marco Rubio: “Como juezas de la CPI, estas cuatro personas han participado activamente en las acciones ilegítimas y sin fundamento de la Corte dirigidas contra Estados Unidos o nuestro aliado, Israel. La CPI está politizada y afirma falsamente tener una jurisdicción sin restricciones para investigar, acusar y procesar a ciudadanos de Estados Unidos y de nuestros aliados. Esta afirmación peligrosa y de abuso de poder infringe la soberanía y la seguridad nacional de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”.
“Estados Unidos tomará las medidas que considere necesarias para proteger nuestra soberanía, la de Israel y la de cualquier otro aliado de Estados Unidos frente a acciones ilegítimas de la CPI”, ha dicho el secretario de Estado: “Hago un llamamiento a los países que aún apoyan a la CPI —muchos de los cuales deben su libertad al precio de grandes sacrificios estadounidenses— para que luchen contra este vergonzoso ataque a nuestra nación y a Israel”. La Administración Trump sigue defendiendo a Israel y ha impuesto sanciones a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) en represalia por la investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel durante su ofensiva contra en Gaza y en Cisjordania y por «la investigación de soldados en Afganistán»EEUU veta una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que pide un alto el fuego en Gaza mientras sigue la matanza israelí de civiles
Nueva defensa de EEUU a Israel, que esta vez lleva consigo un ataque. Donald Trump ha decidido imponer sanciones a cuatro juezas por las “acciones ilegítimas de la Corte Penal Internacional contra Estados Unidos e Israel”. La medida, según Washington, responde a lo que considera una “politización y abuso de poder” por parte del tribunal con sede en La Haya.
Pero lo cierto es que el tribunal internacional, que vio la luz a finales de la década de los 90, tiene como objetivo que los crímenes más graves que se pueden cometer no queden impunes. Esta idea central de la Corte, evitar que quienes se consideran los peores criminales del mundo salgan impunes, asomó tras las palabras del fiscal del tribunal, Karim Khan, cuando, el 20 de mayo de 2024, pidió arrestar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su entonces ministro de Defensa y tres líderes de Hamás: “Hoy subrayamos una vez más que el derecho internacional y las leyes de los conflictos armados se aplican a todos. Ningún soldado raso, ningún comandante, ningún dirigente civil, nadie, puede actuar con impunidad”.
Y eso a Estados Unidos no parece buscarle cuando se trata de sus amigos.
Así, el Departamento de Estado de EEUU, encabezado por Marco Rubio, ha comunicado este jueves que impone “sanciones contra personas extranjeras involucradas en ciertas acciones de la CPI, especialmente aquellas dirigidas contra ciudadanos estadounidenses e israelíes sin el consentimiento de sus respectivos gobiernos. Las juezas sancionadas han participado directamente en decisiones que autorizaron investigaciones o la emisión de órdenes de arresto contra personal estadounidense o altos cargos israelíes”.
Las juezas son: Solomy Balungi Bossa, jueza de la Sala de Apelaciones; Luz del Carmen Ibáñez Carranza, jueza de la Sala de Apelaciones; Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou, jueza de las Salas de Cuestiones Preliminares y de Juicio; y Beti Hohler, jueza de las Salas de Cuestiones Preliminares y de Juicio.
Según informa el Departamento de Estado, Bossa e Ibáñez Carranza autorizaron la investigación de la CPI sobre la actuación de militares estadounidenses en Afganistán en 2020, mientras que Alapini-Gansou y Hohler avalaron la emisión de órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
Minutos después del anuncio del gobierno de EEUU, la CPI condenó sus acciones. “Estas medidas son un intento claro de socavar la independencia de una institución judicial internacional”, dijo el portavoz del organismo, Fadi El Abdallah, en un comunicado: “Apuntar contra quienes trabajan por la rendición de cuentas no ayuda en nada a los civiles atrapados en conflictos. Solo da alas a quienes creen que pueden actuar con impunidad”.
En febrero, el fiscal jefe de la corte con sede en La Haya, Karim Khan, fue incluido en la lista de “Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas” de Washington, lo que le prohíbe hacer negocios con ciudadanos estadounidenses y le impone restricciones para entrar en Estados Unidos.
Khan, que estaba preparando óedenes de arresto contra los dos ministros más extremistas del Gobierno israelí cuando anunció a mediados de mayo que se apartaba del cargo hasta que finalice la investigación en su contra por conductas sexuales inapropiadas con una empleada del tribunal, según desveló el periódico The Wall Street Journal citando a extrabajadores y trabajadores actuales de la CPI.
Las sanciones
A partir de esta decisión, dice el Departamento de Estado de EEUU, quedan bloqueados todos los bienes y activos de las juezas mencionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, y deben ser informados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Además, se prohíben las transacciones con las personas sancionadas, ya sea por parte de ciudadanos estadounidenses o dentro del territorio de EEUU, salvo autorización expresa de la OFAC. Esto incluye el envío o recepción de fondos, bienes o servicios.
Marco Rubio: “Es un vergonzoso ataque a EEUU y a Israel”
“Estas personas participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o de Israel, sin el consentimiento de Estados Unidos o Israel”, ha dicho Marco Rubio: “Como juezas de la CPI, estas cuatro personas han participado activamente en las acciones ilegítimas y sin fundamento de la Corte dirigidas contra Estados Unidos o nuestro aliado, Israel. La CPI está politizada y afirma falsamente tener una jurisdicción sin restricciones para investigar, acusar y procesar a ciudadanos de Estados Unidos y de nuestros aliados. Esta afirmación peligrosa y de abuso de poder infringe la soberanía y la seguridad nacional de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”.
“Estados Unidos tomará las medidas que considere necesarias para proteger nuestra soberanía, la de Israel y la de cualquier otro aliado de Estados Unidos frente a acciones ilegítimas de la CPI”, ha dicho el secretario de Estado: “Hago un llamamiento a los países que aún apoyan a la CPI —muchos de los cuales deben su libertad al precio de grandes sacrificios estadounidenses— para que luchen contra este vergonzoso ataque a nuestra nación y a Israel”.
Nueva defensa de EEUU a Israel, que esta vez lleva consigo un ataque. Donald Trump ha decidido imponer sanciones a cuatro juezas por las “acciones ilegítimas de la Corte Penal Internacional contra Estados Unidos e Israel”. La medida, según Washington, responde a lo que considera una “politización y abuso de poder” por parte del tribunal con sede en La Haya.
Pero lo cierto es que el tribunal internacional, que vio la luz a finales de la década de los 90, tiene como objetivo que los crímenes más graves que se pueden cometer no queden impunes. Esta idea central de la Corte, evitar que quienes se consideran los peores criminales del mundo salgan impunes, asomó tras las palabras del fiscal del tribunal, Karim Khan, cuando, el 20 de mayo de 2024, pidió arrestar al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, su entonces ministro de Defensa y tres líderes de Hamás: “Hoy subrayamos una vez más que el derecho internacional y las leyes de los conflictos armados se aplican a todos. Ningún soldado raso, ningún comandante, ningún dirigente civil, nadie, puede actuar con impunidad”.
Y eso a Estados Unidos no parece buscarle cuando se trata de sus amigos.
Así, el Departamento de Estado de EEUU, encabezado por Marco Rubio, ha comunicado este jueves que impone “sanciones contra personas extranjeras involucradas en ciertas acciones de la CPI, especialmente aquellas dirigidas contra ciudadanos estadounidenses e israelíes sin el consentimiento de sus respectivos gobiernos. Las juezas sancionadas han participado directamente en decisiones que autorizaron investigaciones o la emisión de órdenes de arresto contra personal estadounidense o altos cargos israelíes”.
Las juezas son: Solomy Balungi Bossa, jueza de la Sala de Apelaciones; Luz del Carmen Ibáñez Carranza, jueza de la Sala de Apelaciones; Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou, jueza de las Salas de Cuestiones Preliminares y de Juicio; y Beti Hohler, jueza de las Salas de Cuestiones Preliminares y de Juicio.
Según informa el Departamento de Estado, Bossa e Ibáñez Carranza autorizaron la investigación de la CPI sobre la actuación de militares estadounidenses en Afganistán en 2020, mientras que Alapini-Gansou y Hohler avalaron la emisión de órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
Minutos después del anuncio del gobierno de EEUU, la CPI condenó sus acciones. “Estas medidas son un intento claro de socavar la independencia de una institución judicial internacional”, dijo el portavoz del organismo, Fadi El Abdallah, en un comunicado: “Apuntar contra quienes trabajan por la rendición de cuentas no ayuda en nada a los civiles atrapados en conflictos. Solo da alas a quienes creen que pueden actuar con impunidad”.
En febrero, el fiscal jefe de la corte con sede en La Haya, Karim Khan, fue incluido en la lista de “Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas” de Washington, lo que le prohíbe hacer negocios con ciudadanos estadounidenses y le impone restricciones para entrar en Estados Unidos.
Khan, que estaba preparando óedenes de arresto contra los dos ministros más extremistas del Gobierno israelí cuando anunció a mediados de mayo que se apartaba del cargo hasta que finalice la investigación en su contra por conductas sexuales inapropiadas con una empleada del tribunal, según desveló el periódico The Wall Street Journal citando a extrabajadores y trabajadores actuales de la CPI.
Las sanciones
A partir de esta decisión, dice el Departamento de Estado de EEUU, quedan bloqueados todos los bienes y activos de las juezas mencionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, y deben ser informados a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.
Además, se prohíben las transacciones con las personas sancionadas, ya sea por parte de ciudadanos estadounidenses o dentro del territorio de EEUU, salvo autorización expresa de la OFAC. Esto incluye el envío o recepción de fondos, bienes o servicios.
Marco Rubio: “Es un vergonzoso ataque a EEUU y a Israel”
“Estas personas participaron directamente en los esfuerzos de la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar, arrestar, detener o procesar a ciudadanos de Estados Unidos o de Israel, sin el consentimiento de Estados Unidos o Israel”, ha dicho Marco Rubio: “Como juezas de la CPI, estas cuatro personas han participado activamente en las acciones ilegítimas y sin fundamento de la Corte dirigidas contra Estados Unidos o nuestro aliado, Israel. La CPI está politizada y afirma falsamente tener una jurisdicción sin restricciones para investigar, acusar y procesar a ciudadanos de Estados Unidos y de nuestros aliados. Esta afirmación peligrosa y de abuso de poder infringe la soberanía y la seguridad nacional de Estados Unidos y de nuestros aliados, incluido Israel”.
“Estados Unidos tomará las medidas que considere necesarias para proteger nuestra soberanía, la de Israel y la de cualquier otro aliado de Estados Unidos frente a acciones ilegítimas de la CPI”, ha dicho el secretario de Estado: “Hago un llamamiento a los países que aún apoyan a la CPI —muchos de los cuales deben su libertad al precio de grandes sacrificios estadounidenses— para que luchen contra este vergonzoso ataque a nuestra nación y a Israel”.
ElDiario.es – Internacional
