El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado y anterior director financiero de la aerolínea, Roberto Rosilli, ambos imputados por el juez José Luis Calama en la causa en la que se investigan las supuestas irregularidades en la concesión en 2021 de una ayuda pública de 53 millones de euros a la compañía, han aprovechado los escritos presentados el lunes para mostrar su disposición a colaborar con la justicia para “ratificar” la veracidad de una de las piezas claves de la causa: los mensajes que intercambiaron con otro de los investigados, el empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, accionista de la compañía y contra el que el magistrado tiene dictada una orden de detención, y que fueron localizados en el teléfono móvil de este último.
El juez Calama pidió autorización a Washington para incluir formalmente en la causa las conversaciones del venezolano Rodolfo Reyes que señalan el expresidente
El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado y anterior director financiero de la aerolínea, Roberto Rosilli, ambos imputados por el juez José Luis Calama en la causa en la que se investigan las supuestas irregularidades en la concesión en 2021 de una ayuda pública de 53 millones de euros a la compañía, han aprovechado los escritos presentados el lunes para mostrar su disposición a colaborar con la justicia para “ratificar” la veracidad de una de las piezas claves de la causa: los mensajes que intercambiaron con otro de los investigados, el empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, accionista de la compañía y contra el que el magistrado tiene dictada una orden de detención, y que fueron localizados en el teléfono móvil de este último.
Estos mensajes son parte importante en la investigación y, de hecho, son recurrentemente citados como incriminatorios por la UDEF en los informes en los que el juez Calama sustenta su acusación contra Zapatero de liderar “una estructura organizada y estable orientada al ejercicio ilícito de influencias”. A través de estas conversaciones, se apunta a la intervención del expresidente del Gobierno en el rescate millonario que el Ejecutivo de Pedro Sánchez concedió a la aerolínea tras la pandemia. “Nuestro pana [amigo] Zapatero detrás”, se lee en una de ellas. La defensa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha cuestionado su validez con el argumento de que fueron intervenidas en 2021 en Miami por la Oficina de Investigaciones de Seguridad (HSI por sus siglas en inglés) de Estados Unidos sin autorización judicial expresa, y facilitadas a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional cinco años más tarde, el 18 de marzo de 2026.
Martínez Sola y Roselli señalan, en concreto, tres conversaciones de ese teléfono que “reflejan fielmente lo que se dijo” entre los interlocutores. En dos de ellos hay alusiones directas a Zapatero. La primera de estas últimas es del 18 de mayo de 2020 y la mantienen Reyes y Roselli y, como apunta en sus escritos este último y el presidente de Plus Ultra, coincide con lo que le había transmitido a Martínez Sola el empresario Julio Martínez Martínez, amigo de Zapatero y administrador de Análisis Relevante, la empresa clave de la supuesta red de influencias.
―Rodolfo Reyes. ¿Vas [a] estar en la conversación con Zapatero?
―Roberto Roselli. No con él directo. Hablo con un lacayo [en referencia a Martínez Martínez]. Ya le he mandado varios mensajes. A ver qué sale.
―Reyes. Deben tener su guiso montado.
―Roselli. Pues ya le dijo a Julio [Martínez Sola] que montaron su finance boutique. Así que por [ahí] vendrá la mordida.
―Reyes. Jajajaja. Pues sí funciona.
Según Martínez Sola y el propio Roselli, fue en ese momento cuando ambos “tuvieron plena conciencia de que el señor Martínez Martínez y el señor Zapatero sí tenían la pretensión de cobrar por las gestiones a realizar (”así que por [ahí] vendrá la mordida»), lo cual fue asumido por ambos de forma sobrevenida de salvar a la compañía, aun cuando desconociesen qué acuerdos internos pudiesen tener los Sres. Martínez Martínez y Rodríguez Zapatero», recoge el escrito.
La segunda conversación citada por los directivos de Plus Ultra en la que se cita al exlíder del PSOE es del 4 de julio de ese mismo año, y en ese caso la mantiene Reyes con el presidente de Plus Ultra. En el intercambio de mensajes de WhatsApp, el primero envía a Martínez Sola la noticia de la creación del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE, dependiente de la SEPI y creado para dar las ayudas públicas por la pandemia), respondiendo este último que lo que él denomina el “Grupo Zapatero”, en referencia al expresidente y su amigo Julio Martínez Martínez, ya estaba con ello.
―Rodolfo Reyes. ¿Qué piensas?
―Julio Martínez Sola. Lo tiene Grupo Zapatero desde esta mañana. Ya estaban en ello (dicen). El martes, comemos Roberto [Roselli] y yo con Julio Martínez [Martínez].
―Reyes. El tocayo.
―Martínez Sola. Yo estoy seguro de que algo nos tocará. La cuestión es cuánto y cuándo.
―Reyes. Solo pedimos el 5% de lo que den a Iberia y [Air] Europa.
Según detalla en su escrito Martínez Sola, “durante las semanas siguientes se sucedieron los encuentros personales con el señor Martínez Martínez, en los cuales se fue definiendo la estrategia para acceder al rescate y los pasos que debían seguirse”. Y añade que, dentro de estos contactos, el 30 de julio de 2020 se firmó entre Análisis Relevante y Plus Ultra “un contrato denominado de asesoramiento durante 12 meses por importe de 5.000 euros mensuales (60.000 euros) más IVA (72.600 euros)” como supuesto primer pago por las gestiones para lograr el rescate. En sus escritos, Martínez Sola y Roselli admiten que más adelante se efectuó el pago de una mordida de más de medio millón de euros (el 1% del rescate) canalizado a través de tres empresas vinculadas a Martínez Martínez, el amigo de Zapatero.
La importancia para la causa de las conversaciones intervenidas en el teléfono de Reyes hizo que, el pasado 5 de junio, el juez Calama pidiera, a través de una comisión rogatoria (solicitud de ayuda judicial entre países), autorización judicial a las autoridades de Washington para que pudieran ser incluidas formalmente en la causa y así blindar su validez legal. Días después, la defensa de Zapatero reclamaba al magistrado que, además de esta autorización, pidiera a EE UU información de cómo se habían obtenido para saber si “cumplen realmente con los requisitos de autenticidad, integridad y licitud que son imprescindibles para que se puedan considerar aptas como prueba en un proceso penal”.
El letrado señalaba en ese escrito que, sin esta comprobación, la investigación podía “incurrir en un palmario vicio de indefensión y contravenir el derecho fundamental a un proceso con todas las garantías”. Semanas después, el 25 de junio, el expresidente del Gobierno intensificaba su ofensiva contra estas conversaciones con un escrito en el que solicitaba al juez que declarase la “nulidad general” de la investigación y que excluyera del procedimiento “todas las evidencias obtenidas” por la Fiscalía Anticorrupción. El argumento era que la investigación había nacido, precisamente, de “unos análisis de conversaciones privadas no autorizados”, en referencia a estos cruces de mensajes ahora ratificados por los dos directivos de Plus Ultra.
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