“Sirvo y quiero a mi país. No traicionaría a mi país”, fueron las palabras ante el juez del agente 7691 del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras ser detenido en septiembre de 2023. El arresto del que fuera jefe del área de Rusia, con unas 24 personas a su cargo, removió los cimientos del edificio que vela por la seguridad del Estado. La Policía lo detuvo junto a un segundo agente, en un cargo más operativo, acusados de haber sacado información clasificada y haberla puesto a disposición de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Ambos entraron en prisión provisional por delitos de traición y descubrimiento y revelación de secretos, si bien posteriormente fueron puestos en libertad. Ellos niegan todas las acusaciones. Ahora, la investigación ha finalizado, según confirman fuentes jurídicas a EL PAÍS, y ambos están más cerca del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Será un caso histórico, solo precedido por el de Roberto Flórez, el único espía español condenado a nueve años de prisión por traición en la historia de España.
Quien fuera jefe del área de Rusia, supuestamente captado por Estados Unidos, y otro agente se encaminan a un juicio en la Audiencia de Madrid del que solo hay un precedente en España
“Sirvo y quiero a mi país. No traicionaría a mi país”, fueron las palabras ante el juez del agente 7691 del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras ser detenido en septiembre de 2023. El arresto del que fuera jefe del área de Rusia, con unas 24 personas a su cargo, removió los cimientos del edificio que vela por la seguridad del Estado. La Policía lo detuvo junto a un segundo agente, en un cargo más operativo, acusados de haber sacado información clasificada y haberla puesto a disposición de los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Ambos entraron en prisión provisional por delitos de traición y descubrimiento y revelación de secretos, si bien posteriormente fueron puestos en libertad. Ellos niegan todas las acusaciones. Ahora, la investigación ha finalizado, según confirman fuentes jurídicas a EL PAÍS, y ambos están más cerca del juicio en la Audiencia Provincial de Madrid. Será un caso histórico, solo precedido por el de Roberto Flórez, el único espía español condenado a nueve años de prisión por traición en la historia de España.
El agente 7691, de 58 años, no era uno más de los 3.000 hombres y mujeres que integran el organismo del Ministerio de Defensa. Capitán de fragata (equivalente a teniente coronel de tierra), era un antiguo y reputado efectivo con más de 30 años de experiencia en el Centro, en cuyo currículum destacaba una parada en la sede de Naciones Unidas de Nueva York (EE UU) y un trabajo para una empresa de seguridad estadounidense que prestó tras pedir una excedencia durante la pandemia, de acuerdo a la documentación a la que ha tenido acceso este periódico. Fuentes cercanas a la investigación creen que estos contactos al otro lado del charco fueron los que propiciaron que, en algún momento, se dejara querer fuera del centro y comenzara a tejer algún tipo de colaboración con el país en el que, en los años de las pesquisas, gobernaba Joe Biden. El agente, en cambio, ha negado durante toda la instrucción cualquier tipo de contribución con potencias extranjeras y asegura que, si alguna vez se vio con algún miembro de la CIA (la agencia de inteligencia norteamericana) o de cualquier otro país, fue mera coincidencia y nunca porque estuviera pasando información.
Estuvo un año y tres meses en la cárcel. Primero en Estremera (Madrid) y, después, por petición suya, fue trasladado a una cárcel militar. Su compañero, en cambio, pasó menos de dos meses entre rejas. Los investigadores creen que ambos eran tan amigos que el que fuera jefe de área de Rusia logró que le ayudara en la extracción de documentación del CNI, aunque los supuestos encuentros con otros servicios de espionaje se los imputan a él. Ambos habían comprado juntos una vivienda en el Estado brasileño de Ceará. Como “inversión”, explicaron durante la instrucción. Pero para el fiscal del caso, esta casa al otro lado del charco incrementaba el riesgo de fuga y, por eso, se opuso a su salida de prisión. La propia directora del CNI, Esperanza Casteleiro, fue quien pidió que se les arrestara porque ambos habían sido “instruidos para utilizar técnicas de evasión personal (huida del país), de ocultación y destrucción de información irregularmente obtenida”.
El trauma del caso Flórez
El caso de Roberto Flórez fue traumático para los servicios de inteligencia españoles, pero también sirvió de aprendizaje. Este miembro, primero, del Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), formó parte del CNI hasta abril de 2004, cuando se fue de baja voluntaria. Tres años después, la Policía registró su vivienda en el Puerto de la Cruz (Tenerife), además de un local alquilado en la misma zona. Encontraron documentación que era secreta, como el organigrama completo del CNI, el listado del personal por orden alfabético, los agentes dobles en algunas delegaciones, etc. Además, hallaron dos cartas que fueron letales para su condena. “Soy un directivo del CESID que tiene interés en comunicarle su disposición a colaborar con el servicio y el país al que usted representa”, decía una de las misivas dirigidas a Petr Melnikov, consejero de la embajada de Rusia entre 2000 y 2003. Flórez fue el primer espía español sentenciado por el delito de traición, que va de los seis a los 12 años de prisión. Aunque inicialmente le impusieron la pena máxima, el Tribunal Supremo se la rebajó finalmente a nueve años.
Gracias a los controles internos que se impusieron en el CNI para prevenir otros casos, se logró detectar en 2023 que el agente de menor categoría ―destinado a temas operativos con fuentes más vinculadas a Oriente Próximo― estaba accediendo a información que no era de su competencia. Cada miembro tiene muy compartimentado hasta dónde puede acceder dentro del sistema, precisamente, para evitar fugas de información. Tirando de ese hilo, llegaron hasta una pieza bastante más arriba en el Centro, hasta el jefe de área de Rusia. “Una vez auditados también sus accesos, se vio que también estaba accediendo a informaciones que no le correspondían en su ámbito de trabajo”, relató en el juzgado la funcionaria de Asuntos Internos que se encargó de las pesquisas.
Tras los registros en sus viviendas, el análisis de los dispositivos de ambos, la Policía cifró en 288 los archivos que se habían extraído del CNI con información que no estaba autorizada a salir de esas paredes. Nombres de fuentes de informantes en entorno sensible, siglas y terminología interna, información operativa, despliegue exterior, datos sobre la estructura, gráfico de conectividades de individuos rusos con vinculaciones en delegaciones diplomáticas extranjeras, correos, vacantes… En la fuga se han entregado supuestamente datos que afectan a la Unión Europea, la OTAN, China, Venezuela, Centroamérica, Marruecos o el estrecho de Gibraltar. El organismo que depende de Defensa concluyó que se había perdido “todo el trabajo de años sobre determinados objetivos informativos” en el ámbito de contrainteligencia y que las “identidades de diferentes fuentes humanas” habían quedado comprometidas, incluso con “peligro de la vida”. Fuentes cercanas a la investigación explican que no creen que EE UU fuera buscando un asunto concreto, como por ejemplo, a priori se puede pensar sobre la guerra de Ucrania (en la que estaba involucrada Rusia, el área que él maneja), sino que el fin era tener un topo para poder redigirlo dentro del servicio de inteligencia hacia la información que fuera interesando en cada momento.
El Juzgado de Instrucción número 7 de Madrid ha dado por concluida la investigación y ha enviado el sumario a la Audiencia Provincial para encarar la fase de juicio, según confirman fuentes jurídicas. El asunto está, por tanto, a la espera de los escritos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado que, si se confirmara la acusación por delitos de traición y revelación de secretos, sería el segundo caso en la historia reciente. Fuentes jurídicas, no obstante, no descartan que se pueda fraguar un pacto con alguno de los acusados, por lo que habrá que ver cómo queda finalmente la acusación.
La defensa de ambos implicados ha sostenido su inocencia durante todo el procedimiento. El letrado del agente 7691 ha apuntado que no es cierto que esa información haya sido extraída de manera ilegal, apelando a que existen cuatro categorías de información ―secreto, reservado, confidencial y de difusión limitada― y a que entre lo encontrado en sus dispositivos no había nada de las dos primeras. “Se ha documentado incluso la existencia de grupos de WhatsApp entre grupos operativos donde se compartía información y documentos del CNI de manera cotidiana”, reflejan fuentes de la defensa de dicho agente. Los letrados de ambos, además, insisten en que no se ha podido probar que entregaran la información a ningún país vecino y que no se ha encontrado nada del dinero que, supuestamente, habrían cobrado si hubieran estado comprados por otros servicios de inteligencia.
Este episodio provocó que España forzara la salida de al menos dos espías de EE UU. La ministra de Defensa, Margarita Robles, convocó en su despacho a la embajadora estadounidense en Madrid, Julissa Reynoso, cuando el país estaba gobiernado por Joe Biden, y le pidió explicaciones sobre esta acción que consideraba hostil e insólita entre dos países aliados. Al menos dos agentes estadounidenses destinados en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, implicados directamente en la captación de los espías del CNI, fueron expulsados discretamente.
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