Defensa anuncia un plan de “desconexión tecnológica” con la industria militar de Israel

El Ministerio de Defensa está desarrollando un plan de “desconexión tecnológica” de la industria militar israelí, según ha asegurado esta mañana la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum. Valcarce ha asegurado que su departamento no compra ni vende armas a Israel desde el 7 de octubre de 2023, cuando se produjo el ataque terrorista de Hamás que desencadenó la actual destrucción de Gaza, pero ha admitido que “algunos programas [de su departamento] tienen dependencia tecnológica de alguna empresa de Israel”.

Según Valcarce, el plan industrial y tecnológico de defensa que ha aprobado el Gobierno, con una financiación extra de 10.471 millones de euros para llegar este año al 2% del PIB en gasto militar, tiene como objetivo avanzar hacia la autonomía estratégica y la soberanía tecnológica y “va a ayudar a acabar con la dependencia de otros países y también del Estado de Israel”. “Ya estamos trazando planes de desconexión, que no dependamos de Israel de ninguna de las maneras”, ha añadido. La máxima responsable de las compras de las Fuerzas Armadas españolas ha admitido que se trata de “un plan que necesita desarrollo”, pero ha subrayado que se quiere alcanzar “el objetivo de dependencia tecnológica cero” y eso “solo se consigue implementando el plan de desconexión”.

Aunque Valcarce no se ha referido a ningún programa concreto, el Ministerio de Defensa tiene en vigor tres importantes contratos con tecnología israelí: los designadores láser de los aviones de combate (207 millones de euros), los misiles antiaéreos Spike (237,5 millones) y el lanzacohetes múltiple SILAM (576 millones). En breve, tendrá que adjudicar un programa estratégico, el nuevo sistema conjunto de radio táctica del Ejército (SCRT), por 738 millones, y hasta ahora la oferta favorita era la de Telefónica y Aicox, con tecnología de la israelí Elbit.

La secretaria de Estado ha expresado su “respeto” por la proposición de ley de Sumar que está tramitando el Congreso por la vía de urgencia y que, de aprobarse en sus actuales términos, impondrá un embargo automático en la compra y venta de armamento a todo Estado que sea encausado ante un tribunal internacional por crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Israel. Tras calificar esa ley de “muy necesaria”, Valcarce ha expresado su condena a la “invasión de Gaza” y a las “masacres de civiles palestinos”.

Hasta ahora, el Gobierno había limitado el veto a la compra de material militar de Israel a la partida estricta de armamento y munición, lo que le llevó a cancelar un contrato de adquisición de 15 millones de balas israelíes para la Guardia Civil por 6,6 millones de euros. Fuentes de Defensa habían expresado la dificultad de prescindir de la tecnología israelí por ser insustituible en algunos programas y por la complejidad de implementar ese veto en un mercado globalizado, en el que componentes comprados a terceros países pueden incorporarla. El agravamiento de la catástrofe humanitaria en Gaza y la negativa del Gobierno de Netanyahu a detener los bombardeos indiscriminados o permitir el reparto de ayuda humanitaria por parte de las agencias internacionales de la ONU ha llevado al Ministerio de Defensa a poner en marcha un plan para prescindir también de la tecnología israelí en sus programas. Expertos del sector alertan de que esto puede ser especialmente delicado y difícil en sectores en los que la industria israelí es puntera, como el de la ciberseguridad, al que el Gobierno planea dedicar el 20% de los fondos de su plan de defensa.