De fiscal más votado de España al banquillo del Supremo

El Tribunal Supremo vivirá este lunes una de las escenas más extrañas desde que la Constitución de Cádiz lo creó en 1812. En el banquillo de los acusados se sentará un hombre ataviado con la misma toga judicial que los siete magistrados que lo van a juzgar. Una estampa tan anómala como el proceso que ha llevado hasta allí a Álvaro García Ortiz. La sexta autoridad en la jerarquía del Estado se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por iniciativa de un comisionista que se enriqueció con la pandemia y defraudó 350.000 euros a Hacienda. Uno de los procesos más controvertidos de la democracia española, tan jaleado por la derecha judicial, política y mediática como duramente cuestionado por reputados juristas.

El fiscal general del Estado comparecerá vestido con todos sus atributos en la trinchera contraria a la que le correspondería estar. Un símbolo de su afán en el año transcurrido desde su primera imputación: resistir en el cargo y mantener el porte institucional. Han atronado las voces —incluso entre los críticos al proceso contra él— que le reclamaban que dimitiese para no contaminar a la institución. A él mismo las dudas le han asaltado a menudo, reconocen sus allegados. Pero ha decidido resistir apelando a lo mismo que esgrimen quienes le pedían la renuncia: la defensa de la institución. “Soy inocente, no he hecho nada de lo que me acusan”, repite en público y en privado, desmintiendo que él filtrase las comunicaciones entre el ministerio público y el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, encausado por fraude fiscal. Dimitir, argumenta, crearía un peligroso precedente para sus sucesores, que quedarían expuestos a alguna maniobra similar para apartarlos del cargo.

Una vez que decidió que no tiraría la toalla, su empeño ha sido mantener la compostura institucional en medio del huracán. Pese a las fuertes presiones, cumplió su cometido de exponer la memoria de la Fiscalía delante del Rey en el último acto de apertura del Año Judicial. Por esas mismas razones desoyó los consejos para que se procurase algún renombrado abogado y dejó su defensa en manos de la Abogacía del Estado. De idéntico modo en que invocó la dignidad de la institución para negarse a ser interrogado por el juez que instruyó su caso, Ángel Hurtado, el mismo que en su día intentó exonerar al PP por el caso Gürtel. El único acto de relevancia al que decidió renunciar en estos meses fue a la toma de posesión como presidente de la Sala Segunda del Supremo de Andrés Martínez Arrieta, el magistrado que dirigirá su juicio.

“Para mí sería más cómodo marcharme, desde el punto de vista profesional, personal y familiar”, aseguró el pasado febrero en el Senado. Su vida, comenta siempre, está en Galicia, la tierra de adopción de este salmantino de nacimiento y la natal de su esposa, también fiscal. Allí puede pasear tranquilamente por Santiago o por sus playas favoritas de la ría de Noia sin encontrarse con las increpaciones que le han forzado a medir sus salidas a la calle en Madrid. Lo insultan llamándole “corrupto”, como le han oído a los exaltados tertulianos y políticos de la oposición que desataron una feroz campaña contra él desde que accedió al cargo, en agosto de 2022. En los últimos meses ha vivido episodios como cuando, en medio de un viaje para celebrar su aniversario de boda, Hurtado le impuso una fianza de 150.000 euros, luego rebajada a la mitad. Tuvo que poner como aval un piso de su esposa en Ourense.

Antes de todo esto, era un ciudadano anónimo y un tipo popular en la profesión. Afable y comedido, se significó como dirigente de la minoritaria Unión Progresista de Fiscales (UPF). Como prueba del aprecio que despertaba, fue el más votado de España en unas elecciones al Consejo Fiscal en 2018. Siete años después lo han sentado en el banquillo. Pero aún no han podido quitarle la toga.