Justo en la entrada de la acería de la empresa Sidenor en Basauri (Bizkaia), junto a la orilla del sinuoso río Nervión, una pintada avisa del ambiente combativo que aquí se respira: “Israel genocida, Palestina askatu! [libre]”, se lee. También las farolas cercanas lucen pegatinas y carteles con otro mensaje: “Boicot Israel”. Varios empleados de la siderúrgica resumen así el clima: “Somos sensibles con lo que está ocurriendo allí”. “Aquí la objeción no tiene cabida”, añade Joseba, otro trabajador de esta fábrica que atrae la atención desde la pasada semana, cuando la Audiencia Nacional desveló que investiga al presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos por la venta de acero a una mercantil israelí para la fabricación de armas en plena masacre de Gaza, sin el permiso del Gobierno español y sin inscribirse en el correspondiente registro.
![Pintada de “Israel genocida, Palestina askatu! [libre]” en las proximidades de la acería de Sidenor.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/BRDRZOHCCBAS7GU4PJJYNHCWGY.jpg?auth=dbfe54b2508a64d380d64510a21ffb9fb0d2bf24f9a224c0ad4fcc4b1bd2cfd3)
Una investigación de la Audiencia Nacional, que ha imputado al presidente de la siderúrgica vasca Sidenor, provoca un terremoto empresarial, político y social
Justo en la entrada de la acería de la empresa Sidenor en Basauri (Bizkaia), junto a la orilla del sinuoso río Nervión, una pintada avisa del ambiente combativo que aquí se respira: “Israel genocida, Palestina askatu! [libre]”, se lee. También las farolas cercanas lucen pegatinas y carteles con otro mensaje: “Boicot Israel”. Varios empleados de la siderúrgica resumen así el clima: “Somos sensibles con lo que está ocurriendo allí”. “Aquí la objeción no tiene cabida”, añade Joseba, otro trabajador de esta fábrica que atrae la atención desde la pasada semana, cuando la Audiencia Nacional desveló que investiga al presidente de la compañía, José Antonio Jainaga, y a otros dos directivos por la venta de acero a una mercantil israelí para la fabricación de armas en plena masacre de Gaza, sin el permiso del Gobierno español y sin inscribirse en el correspondiente registro.
Las pesquisas del juez Francisco de Jorge, que se han mantenido secretas casi cuatro meses (desde que la Audiencia Nacional recibió una querella de la Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa), han supuesto un verdadero terremoto (cuya magnitud aún está por ver). No tanto en esta acería, donde los sindicatos ya se habían empezado a movilizar en verano ante las noticas de varios medios internacionales de que Sidenor había enviado acero a Israel, como sobre todo en las altas esferas vascas. En un sector industrial donde la discreción y el silencio es la norma habitual, la empresa ha tenido que emitir dos comunicados en apenas siete días: el segundo, este mismo jueves, para responder al Gobierno autonómico de Imanol Pradales (PNV), que anunció en público que ya había pedido en privado explicaciones a la compañía; y que serán “prudentes”, pero “exigentes” con ella. “Dichas explicaciones se trasladarán”, promete la nota de prensa de la siderúrgica: “Y, con el mismo grado de detalle, al conjunto de la plantilla de la empresa, a sus clientes, proveedores y al conjunto de la sociedad”.
En la fábrica de Basauri, mientras tanto, varios empleados repiten a EL PAÍS que están “incrédulos”, “preocupados” e “indignados”. No se habían visto nunca en una situación parecida. “¿Somos cómplices del genocidio?”, se pregunta una parte de la plantilla. Son trabajadores como Víctor, Javier, Aitor y Joseba, todos ellos con más de seis trienios en la planta principal de Sidenor y que prefieren que no se publiquen sus apellidos por temor a represalias. “Esto nos ha pillado por sorpresa. Es muy grande para nosotros. Estamos perdidos porque nadie nos ha dado aún una explicación”, afirma uno de los operarios, molesto con la posible participación de la firma vasca en la fabricación de armas que utiliza Israel para asesinar a palestinos.
En el tajo, los empleados cumplen los encargos de sus superiores. Aseguran que desconocen el destino que tiene el material que manejan, ya sea en el horno de fundición o durante el calibrado o laminación del acero que después se envía al cliente: “Nosotros no sabíamos esto hasta que leímos una información en un diario irlandés”. El 10 de junio, el digital The Ditch publicó el siguiente titular: “Una empresa española envió 1.207 toneladas de acero a un fabricante de armas israelí”. La “empresa española” era Sidenor, una compañía con casi 2.000 trabajadores que en 2023 facturó 938 millones; y el “fabricante de armas israelí”, la firma Israel Military Industries (IMI).
Tras esa publicación, los sindicatos pidieron explicaciones. Sin éxito. “No estamos en posición de comentar”, dijo la dirección a los representantes de LAB en el comité de empresa, según destacan. Y fue solo de palabra. Porque exigieron un pronunciamiento por escrito que nunca ha llegado: “Todo lo que sabemos es por los medios”. La Asociación Comunitat Palestina de Catalunya-Terra Santa movió entonces la pieza clave: anunció la presentación de una querella en la Audiencia Nacional: “Cuando se trata de contrabando de material de uso militar o de doble uso, es competencia exclusiva de este tribunal”, explica David Aranda, el abogado que firma la denuncia. El caso recayó en el juez instructor Francisco de Jorge, que impulsó el sumario y lo declaró secreto el 1 de julio. Ese mismo día, Sidenor declaró que rompía relaciones comerciales con Israel a través de un brevísimo comunicado; en el que vinculaba su iniciativa a “la decisión” adoptada tres meses antes (en abril) por “el Gobierno de España” para “suspender los contratos con Israel”. Ahora apostilla que se produjo antes de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobase el 23 de septiembre un decreto para el “embargo” de armas.
“¿Qué hacemos? Estamos perdidos. Lo que queremos es que nuestro trabajo no sirva para colaborar con un Estado genocida. Punto”, insiste Víctor. Precisamente, según cuentan varios operarios, ese silencio de Sidenor ha multiplicado el malestar entre ellos. Conocen los datos a cuentagotas. E innumerables preguntas sobrevuelan a la cúpula de la siderúrgica: ¿Conocía Sidenor el uso que IMI da al acero que le compra? ¿Qué ventas y envíos se produjeron? ¿Incumplieron los requisitos que expone el magistrado De Jorge y, en su caso, por qué? EL PAÍS ha trasladado todas estas preguntas a la compañía, que ha rehusado ofrecer detalles: “De esto y de otras cuestiones, al primero que vamos a dar la información es al juez. Para ello, estamos trabajando con los equipos técnicos y jurídicos para aportar las pruebas necesarias”.
La querella de la Audiencia Nacional apunta que, desde agosto de 2024, Sidenor vendió esas 1.207 toneladas de acero a IMI. Además, concreta al menos tres envíos del material: 393 toneladas de acero a través del carguero MV Vela el pasado 4 de junio; 306 toneladas el 20 de mayo a través del Zim Atlantic; y 290 toneladas el 7 de agosto de 2024 a través del Zim Eagle. La denuncia añade que el 1 de julio también estaba previsto que saliera del puerto de Barcelona el barco Zim Luanda “con más de 40 barras de acero (122 toneladas)”, que debía llegar a Haifa (Israel) 10 días después tras hacer escala en Mersin (Turquía). Sidenor afirma a EL PAÍS que, tras romper relaciones con Israel el 1 de julio, “se canceló el envío previsto para ese día”.
El magistrado de la Audiencia Nacional ha imputado a Jainaga y a otros dos directivos (uno de ellos es Marco Pineda, director general corporativo y hombre de confianza del presidente) por contrabando y complicidad en un delito de lesa humanidad o de genocidio, por la venta de partidas de acero a IMI “con pleno conocimiento de que se trata de un fabricante de armas, tanto pesadas como ligeras”, y de que el material iba a ser utilizado para producir armamento. Un informe de la Policía Nacional, fechado el 10 de septiembre, especifica que el suministro de acero se produjo “sin haber solicitado la correspondiente autorización del Gobierno y sin inscribirse en el registro correspondiente”. El Ministerio de Economía asevera que no ha abierto ningún expediente tras conocer la existencia de la investigación judicial.
Sergio Ortega, asesor jurídico del sindicato ESK, sostiene que “el operario normal no sabe para quién es el pedido en el que está trabajando”. “Los trabajadores en ningún caso son responsables del destino ilícito del acero. Lo que pedimos es que se rompa con Israel porque nuestro trabajo no puede tener ninguna vinculación con la industria de las armas que solo está generando dolor y muertes inocentes”, añade. De hecho, el magistrado De Jorge ha decidido no imputar a la sociedad mercantil Sidenor Aceros Especiales SLU como persona jurídica —con el objetivo de salvaguardar el “interés de los trabajadores mediante la protección de la sociedad referida, que no quedará afectada por las medidas cautelares ni tampoco por las eventuales penas que pudieran imponerse a las personas jurídicas”— y ha resaltado el “papel activo” que han tenido sus trabajadores para denunciar los hechos. El instructor sí ha imputado a la mercantil Clerbil S. L., “que ostenta el cargo de administrador único de Sidenor Holdings Europa”.
La plantilla de la acería ha participado en movilizaciones contra la masacre cometida por el Estado de Israel en Gaza. El 15 de agosto, todos los turnos pararon durante tres horas en solidaridad con el sufrimiento de la población civil palestina. “Toda actuación de Sidenor y de su plantilla guardará un respeto escrupuloso a los Derechos Humanos y libertades públicas incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, se lee en el código ético de Sidenor. Una declaración de principios que implica a toda la organización y que, según Ortega, demuestra que “el papel lo acaba aguantando todo”: “A la hora de la verdad, priman más los posibles beneficios que el respeto a ciertas premisas éticas que se autoimpone. Porque, cuando hay que cumplirlas, no las tienen en cuenta”, remacha.
Las relaciones de un gigante
Sidenor es uno de los gigantes de las industria vasca. Se presenta como “líder en la producción de aceros largos especiales”. Tiene centros de producción en Euskadi, Cantabria y Cataluña; y cuenta con delegaciones comerciales en Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. Según la compañía, las operaciones con Israel suponían el 0,5% de su facturación (que ascendió a 938 millones de euros en 2023, un 12% menos que un año antes).
Al frente de la siderúrgica se encuentra José Antonio Jainaga, un reconocido empresario bilbaíno —el Gobierno vasco lo ha condecorado recientemente con el Premio Korta a toda su trayectoria profesional—. Pese a que le incomoda la atención mediática y suele rehuir los focos, este ingeniero de carrera lleva meses en la palestra. El estallido de este escándalo llega cuando el industrial lidera un consorcio vasco (en el que participa el Ejecutivo que preside Pradales y las fundaciones de las cajas vascas) para hacerse con el control accionarial de Talgo junto a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
De la acería de Basauri —donde trabajan 800 personas en plantilla y otras 500 en contratas— salen a diario toneladas de acero en diferentes formatos: en bruto, laminado… Según los operarios, ellos no saben adónde se dirigen esas partidas: “No podemos saber si hay envíos sospechosos. De haberlo sabido, a lo mejor la gente se planta”. Varios empleados reconocen que, de momento, el ambiente en de la fábrica es “normal” y “no es especialmente raro”, pese a que se nota esa “preocupación”, “inquietud” y un punto de “indignación”. “No queremos ser cómplices de la masacre que se está cometiendo en Palestina. Pero, ¡ojo!, esto no es bueno para la empresa. A ver qué pasa con el negocio”, sentencia un miembro de la plantilla. “Apelamos a la humanidad de la empresa”, sigue otro: “Nosotros venimos a trabajar, pero no a cualquier precio. No es de buen gusto fabricar un acero que va a ser utilizado para matar a civiles inocentes”.
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