Más de 36 millones de dinero público por 13 millones de mascarillas en lo peor de la pandemia, cuando morían “millares cada día”, en palabras de la acusación popular. Y eso sin contar los otros 7 millones de unidades y el diverso material sanitario que Víctor de Aldama y sus socios lograron colocar en otras administraciones. Desde luego se juzga algo serio, pero se hace difícil no caer en la simplicidad del humor cuando los propios acusados hablan de una trama de “Mortadelo, Filemón y la bruja Lola”, retratando así al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el presunto conseguidor. Por eso, tras 14 sesiones maratonianas, más de 70 testigos e intervención doble de los acusados, es importante aterrizar la causa en algunas claves.
Cuestiones como la existencia de una organización criminal, la credibilidad de Aldama o la validez de la prueba quedarán despejadas en la sentencia
Más de 36 millones de dinero público por 13 millones de mascarillas en lo peor de la pandemia, cuando morían “millares cada día”, en palabras de la acusación popular. Y eso sin contar los otros 7 millones de unidades y el diverso material sanitario que Víctor de Aldama y sus socios lograron colocar en otras administraciones. Desde luego se juzga algo serio, pero se hace difícil no caer en la simplicidad del humor cuando los propios acusados hablan de una trama de “Mortadelo, Filemón y la bruja Lola”, retratando así al exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el presunto conseguidor. Por eso, tras 14 sesiones maratonianas, más de 70 testigos e intervención doble de los acusados, es importante aterrizar la causa en algunas claves.
La organización criminal
Este concepto y quiénes podrían integrarla ha sido capital en el desarrollo del juicio. Los papeles han bailado, desde la versión de Aldama, que sitúa como “el uno” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hasta la de los investigadores, que otorgan ese papel principal al empresario porque “el que paga manda”. En medio de esta confusión, la Fiscalía Anticorrupción, que comenzó perfilando a Ábalos como “el jefe” y a Koldo como su “alter ego”, ha terminado huyendo de cualquier “estructura jerarquizada”. Lo importante, ha fijado Alejandro Luzón, es que había una “acción concertada” y cada uno desempeñaba “papeles diversos y complementarios”. Todos remaban en la misma dirección.
Las “oportunidades de negocio”
La organización criminal no tenía un objetivo claro, algo reconocido por todos los que afirman su existencia. Aldama contó gráficamente que él iba regando de dinero a Ábalos y Koldo para sembrar la confianza y recoger cosecha cuando surgiera la oportunidad. “Yo soy un empresario”, justificó.
Esas oportunidades, según el relato de los acusadores, fueron brotando con el paso de los años. De acuerdo con el conjunto de las pesquisas ―atomizadas en varias piezas y tribunales―, comenzaron con los presuntos amaños de obra pública allá por el 2015. Siguieron con los contratos para la compra de mascarillas y test de antígenos desde empresas asociadas a Transportes (Puertos del Estado y Adif), Interior, Canarias y Baleares. Y, tangencialmente, habrían derivado en gestiones para conseguir una licencia como operadora de hidrocarburos de una empresa amiga y el aplazamiento de una deuda tributaria de otra, así como para favorecer el rescate de Air Europa.
Dónde está el dinero
Es el talón de Aquiles de este caso. Acusadores e investigadores identifican pagos mensuales de 10.000 euros en metálico por parte de Aldama a Ábalos y Koldo, a los que el comisionista añade mordidas puntuales por favores especiales que elevarían a cerca de 4 millones el monto total. El propio fiscal ha reconocido “la dificultad que entraña seguir el rastro de efectivo” pero se ha esforzado por reseñar los hechos que abonarían “la teoría de la fuente oculta de dinero”, como los frecuentes encuentros de Aldama, primero con Koldo ―hasta que “se partieron la cara”― y luego con su hermano Joseba (presunto testaferro), para las supuestas entregas de dinero; y las grandes cantidades de efectivo que manejaban ―las famosas “chistorras”―, cuyo rastro se ha encontrado en las conversaciones de teléfono y WhatsApp entre los acusados y su entorno, donde se habla, por ejemplo, de que Ábalos gastó 470.000 euros en dos años, y en los ingresos en efectivo en las cuentas bancarias de Koldo (138.000 euros) o Joseba (224.000).
Ellos lo han enmarcado en una particular llevanza de cuentas. Las defensas esgrimen que el exasesor ejercería de “chico para todo” ―comprar tabaco, pagar la hipoteca, “tapar infidelidades”― y por eso incurría en unos gastos rutinarios que anticipaba y después el ministro le devolvía como podía. A eso la defensa de Koldo ha añadido otras dos fuentes de ingresos en efectivo: el que la Guardia Civil necesitaba cambiar y para lo que usaba a su cliente, como antiguo colaborador que era; y el de los reembolsos de gastos anticipados que hacía el PSOE. Según esas cuentas, de los 94.000 euros detectados a Ábalos más de 40.000 están justificados y el ministro aún debe 33.000 a su exasesor. Sin embargo, estas explicaciones ―tan pueriles que resultan entre patéticas y conmovedoras”, ha dicho Luzón― no convencen a la otra parte, que señalan a Koldo y su entorno familiar como custodios del dinero propio y el del exministro, el que consideran la punta del iceberg.
Las otras dádivas serían en especie, que son las que los investigadores tienen mejor ancladas, entre otras cosas porque adoptaron forma de casa. Se trata de los dos chalés para las vacaciones familiares de Ábalos en la costa andaluza; de un piso de lujo en el Paseo de la Castellana de Madrid como “garantía” por si la pata empresarial de la presunta trama no cumplía con la pata política; y los casi 90.000 euros del alquiler de otro piso de lujo, en la plaza de España de la capital, para la expareja de Ábalos Jésica Rodríguez.
La credibilidad de Aldama
Es pieza fundamental de la causa. El fiscal ha sido enfático a la hora de fijar que todas las acusaciones del empresario están “plenamente corroboradas” por otros elementos, como las conversaciones. Por eso, ve “posible” premiar aún más su confesión. Ya la valoró al pedirle 7 años de cárcel frente a los 24 que reclama para Ábalos y los 19 y medio para Koldo. Ahora lo que Anticorrupción ha dejado sobre la mesa y la acusación popular que lidera el PP y su propia defensa plantean es que la rebaja sea todavía mayor, de modo que no llegue a entrar en prisión. La suya, ha sostenido su abogado, no es una “simple” colaboración con la justicia, es “el ciudadano” contra “el aparato del Estado”.
Las defensas, por contra, tachan las palabras de Aldama de “inventada”. “Si le ofrecen a Koldo un no pacto que consiste en ‘di algo, aunque no lo pruebes, de cualquiera, y vamos a contar mentiras, tralará’, a lo mejor también se apunta”, ha espetado su abogada defensora.
¿y ahora qué?
Este juicio se ha celebrado con la vista puesta en otro tribunal: la Audiencia Nacional; y las otras causas que sigue investigando y que están estrechamente vinculadas con el caso mascarillas: el resto del caso Koldo, que abarca desde otras mascarillas hasta la obra pública y los pagos en efectivo del PSOE; y el caso hidrocarburos, el que llevó a Aldama a prisión durante unos meses.
El motivo es que lo que diga el Supremo resulta inapelable por la vía ordinaria, y hay factores, como la definición de los aspectos básicos de este supuesto universo criminal ―su modus operandi, los actores y las rentabilidades―, la credibilidad de Aldama y la validez de la prueba ―los audios y los mensajes que las defensas no reconocen al considerar que están “manipulados”― que impactarán directamente en esas otras causas en cuanto haya sentencia. “Yo sé que esto acaba de empezar”, ha concluido el propio Koldo.
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