Ceuta y el consentimiento racista del PP

Las cifras son tan desproporcionadas que conducen indefectiblemente a la alarma, el pánico y el miedo: las calles, los montes y las playas de Ceuta llenas de negros y moros sin casa ni ropa ni comida ni calzado y, por supuesto, deambulando sin norte ni sur. No pasa nada: se lo han buscado ellos. Haberse quedado en su casa, o haberse vuelto a ella, como hicieron el 90% de los que entraron el 30 y 31 de julio, y se acabó la fiesta.

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Como explica muy bien explicado Jacobo Bergareche en un libro de próxima publicación, Tío grande, hemos interiorizado la aprensión miedosa contra la negritud de forma espontánea, sí, pero también culturalmente inducida. Unos 1.500 niños —casi todos tirando a oscuros— quedan en Ceuta de aquellos que se lanzaron a la aventura de cruzar la frontera para huir de Marruecos, de sus familias y de su entorno, y aspirar a llegar a zona blanca.

De ellos, hay en torno a 700 chavalas dispuestas a no volver nunca más a condiciones aberrantes de crianza y socialización en su propio país. En palabras más directas, eso significa que no quieren lo que no quieren nuestras hijas, hermanas, sobrinas o nietas: que las casen con tipos a quienes no conocen y les doblan o triplican la edad, ni quieren seguir siendo esclavas de sus padres ni de sus hermanos ni de sus maridos ni de sus abuelos. No es mala idea, y España como país y como Estado debería estar entregadísimo y sin ninguna reserva a la causa de encontrarles ubicación, refugio y futuro: literalmente y sin contemplaciones. Son chavalas valientes que se han enfrentado a todo (incluidas sus madres, sus tías, sus abuelas, no hace falta decir que al sector masculino también) y han tenido el coraje de emprender la ruta (deseablemente sin retorno) a un espacio político que ha entendido que la explotación sexual y económica de las mujeres es una aberración aborrecible.

El PP no parece verlo exactamente así. Ve antes la negritud tumultuosa que a la mujer o al hombre como individuos que huyen, y lo hace a cara descubierta para gran vergüenza propia y ajena. A las chavalas (y por supuesto a los chavales) el mensaje que les mandan es que se larguen cuanto antes y rapidito. Nada de asumir que su huida es un paso desgarrador y atrevido, justificado y altamente razonable. Concuerda exactamente con la causa del Estado de derecho de la UE. Han hecho santamente en largarse a toda prisa y sin nada encima, con el riesgo de ellas (ahora mismo ya son 16 las víctimas de agresión sexual) y el miedo total a no saber qué será de ellas. Eso, acogerlas, contarlas, vestirlas, limpiarlas, es exactamente lo que el cristiano humanismo de la UE conservadora dicta hacer ante una situación sobrevenida, como ha sido la llegada masiva de personas y familias enteras (la inmensa mayoría ya de vuelta, quizá porque llegaron engañadas por redes sociales venenosamente teledirigidas).

Sin embargo, el PP vive políticamente atado a las condiciones de Vox —al que ha dado en varias autonomías las consejerías encargadas del ramo— y a la vez atado a la estrategia de destrucción del Gobierno de Sánchez, con Aznar renacido y tostado de visita en Ceuta. El resultado es la defensa activa y explícita de postulados racistas en los que consiente el PP o incluso milita. Rechazar el reparto autonómico de los inmigrantes vulnera de forma directa y elemental la propia legislación española, sin que de momento haya habido juez que vea nada impropio en esa conducta de las comunidades del PP. Ya es mala pata: con lo bonito que sería que el Estado de derecho obligase a las comunidades de derechas a cumplir la legislación y acoger, proteger, socializar y educar a los recién llegados, tanto si a Vox le gusta como si no le gusta.

El chantaje racista, xenófobo e inhumano que acepta el PP de Vox tendrá forma de bumerán cuando las urnas se abran y el decoro civil de la mayoría de españoles decida que ese ventajismo tacticista y ese consentimiento envilecido a la ultraderecha no debería estar a los mandos del Estado. El ruido mediático hoy es suyo, desde luego, pero la desvergüenza de instrumentalizar políticamente a esos chavales y chavalas también. Desgastar al Gobierno es la obligación de un partido de oposición; conculcar sin desmayo el estándar civilizatorio y aceptar el contagio racista de la ultraderecha está muy lejos de encajar entre las obligaciones de la oposición. Pero esta oposición teóricamente de centroderecha consiente a cara descubierta con el racismo de la ultraderecha. No es buena idea en términos democráticos pero no lo es ni siquiera para un sector de sus votantes, todavía no abducidos por la retórica emocional del macizo de la raza. ¿Algún obispo o cosa semejante podría reprobar la política profundamente anticristiana del PP aliado con Vox, por Dios bendito (nunca mejor dicho)?