Un mes después del asalto masivo a la frontera española, Ceuta sigue desbordada. Desde el 31 de julio la ciudad autónoma está sufriendo una crisis humanitaria que ha deteriorado la seguridad y la convivencia en sus calles. Los ceutíes lo padecen y, según innumerables testimonios en todos los medios de comunicación, se sienten abandonados. Los niños no van a los parques, y las mujeres desaparecen de las calles cuando cae la tarde. La ciudad no encuentra la normalidad que desea, y sus habitantes ignoran cuánto va a durar esta sensación de inseguridad y de desorden.
Resulta descorazonadora esta nueva batalla política cuando se trata de gestionar una crisis como la que sufre la ciudad autónoma
Un mes después del asalto masivo a la frontera española, Ceuta sigue desbordada. Desde el 31 de julio la ciudad autónoma está sufriendo una crisis humanitaria que ha deteriorado la seguridad y la convivencia en sus calles. Los ceutíes lo padecen y, según innumerables testimonios en todos los medios de comunicación, se sienten abandonados. Los niños no van a los parques, y las mujeres desaparecen de las calles cuando cae la tarde. La ciudad no encuentra la normalidad que desea, y sus habitantes ignoran cuánto va a durar esta sensación de inseguridad y de desorden.
Por otro lado, en todos los grandes movimientos de población se multiplican las agresiones sexuales contra mujeres y niñas, en este caso inmigrantes. Y los proxenetas hacen su sucio negocio, tal y como han denunciado estos días las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La decisión del Gobierno de trasladar rápidamente a las menores a la Península no debe entenderse como un privilegio, porque el riesgo de sufrir violencia no se reparte por igual entre todos.
El Ministerio de Juventud e Infancia y el Gobierno de Ceuta trabajan en la reubicación en la Península de unas 300 niñas migrantes. La medida merece ser puesta en valor por una razón concreta: reconoce que en una emergencia humanitaria existen vulnerabilidades de distinta naturaleza y diferente grado, y la ayuda pública debe ajustarse a esa circunstancia. Hay que señalar que, por el momento, es la propia población ceutí la que mayoritariamente está dando cobijo a los cientos de niñas que cruzaron solas la frontera.
Los jueces de Ceuta han pedido refuerzos al Consejo General del Poder Judicial. Según la información trasladada al Consejo, y publicada por varios medios nacionales, en estos días los asuntos penales llegaron a aumentar hasta un 800% con respecto a su volumen habitual. Por su parte, la Fiscalía General del Estado ha contabilizado hasta el 31 de agosto 23 agresiones sexuales cuyas víctimas son, en su mayoría, mujeres menores de edad. Esta vez, a diferencia de otros asaltos a la frontera, las niñas y las mujeres jóvenes suponen casi la mitad de los inmigrantes que han entrado en Ceuta. Es un cambio cualitativo relevante.
La ley (europea y española) impide la devolución inmediata de los menores, a los que protege con un procedimiento muy garantista, como debe ser. Habrá, por ejemplo, niñas que no quieran regresar a su país de origen por problemas de discriminación o de violencia familiar, y no resultará sencillo enviarlas de vuelta a Marruecos. Mientras sigan solas en las calles o en los montes de Ceuta, el peligro que corren es enorme.
También hay que atender y cuidar a los varones menores de edad y ello en una situación de cuasi colapso de los servicios públicos de la ciudad. Por ello resulta lamentable la resistencia de los gobiernos autonómicos del Partido Popular a asumir la responsabilidad de acogerlos, que viene determinada por la ley.
Resulta descorazonador asistir a una nueva polarización político-ideológica en España cuando se trata de gestionar una crisis humanitaria como la que está sufriendo Ceuta. Y también es duro comprobar que, más que la guerra y que la pandemia de la covid-19, la inmigración es lo que está fracturando dramáticamente a la Unión Europea. Hace mucho que sabemos que los movimientos de personas, que se han producido a lo largo de la historia, se incrementarán en los próximos años a causa de desastres naturales, guerras y desigualdades lacerantes, pero no hemos hecho nada ni inteligente ni humano para abordar esa realidad creciente. Al contrario; la ineficacia en la gestión de los flujos migratorios sólo sirve para alimentar a la extrema derecha, la xenofobia y el racismo. La ausencia de soluciones legales para poder trabajar en los países europeos —que no dejan de sacar ventaja de la presencia de trabajadores extranjeros, a veces indocumentados, a los que malpagar o directamente explotar— fomenta una parte de las llegadas irregulares y nutre los discursos más hostiles contra los migrantes. Ello no significa que podamos consentir un ataque a la integridad territorial de España, tal y como definió el presidente del Gobierno el asalto a Ceuta.
Más allá de la valoración política y de la respuesta diplomática, mientras haya niños y niñas solos en nuestro territorio es obligación del Estado, incluidas las comunidades autónomas, darles cuidados y protección. Y mientras permanezcan en Ceuta, mujeres y niñas necesitarán medidas específicas de seguridad: separar el espacio por sexos, aseos y duchas diferenciados, vigilancia, atención sanitaria, intérpretes y mecanismos de urgencia para denunciar una agresión. No hay otra forma de prevenir hechos que resultan tan dramáticos.
Se podrá discutir, y deberá hacerse seriamente, la actuación de Marruecos e investigar todo lo que falló estrepitosamente en el control fronterizo. Pero ello no exonera a los poderes públicos de garantizar la seguridad de los ceutíes, que llevan más de un mes soportando una situación vital angustiosa, y de proteger a los menores que han cruzado ilegalmente a España.
Controlar una frontera es responsabilidad del Estado. Gestionar las consecuencias de haber perdido ese control también lo es. El Gobierno de la nación y los gobiernos autonómicos deben estar a la altura de una crisis de estas dimensiones. Por eso, esta batalla política a la que asistimos mientras miles personas están sufriendo resulta a todas luces vergonzosa e inútil.
España en EL PAÍS
