El teniente coronel Mauro Cid declara en el juicio de la trama golpista en el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño que el ex presidente leyó y modificó la «minuta» del golpe de EstadoTrump en América Latina: una constelación de halcones ultras para restablecer el orden neoliberal
Con un ejemplar de la constitución de Brasil en la mano y semblante sereno, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro compareció este martes en el Supremo Tribunal Federal (STF) para prestar declaración en el juicio contra el núcleo duro de la trama golpista. Cara a cara contra su archienemigo Alexandre de Moraes, ministro del STF, Jair Bolsonaro arrancó su intervención en el juicio más esperado del año con un discurso político.
Irritado ante la imposibilidad de mostrar videos, el expresidente incidió en la narrativa victimista. “Recorrí Brasil y acabé siendo elegido, no sin antes pasar por una cuchillada que casi me quita la vida”, aseguró, en alusión al atentado que sufrió durante la campaña presidencial de 2022. Además, Bolsonaro afirmó que fue perseguido por la prensa y la justicia por defender el voto impreso.
En una declaración que duró algo más de dos horas, el exmandatario negó con un tono forzadamente moderado su implicación en el intento de golpe de Estado, que presuntamente ocurrió tras las elecciones presidenciales de octubre de 2022. A pesar de ello, Bolsonaro fue tropezando en una declaración confusa y llegó a reconocer que convocó a los comandantes de las Fuerzas Armadas para discutir alternativas al resultado electoral y “cuestionar” la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. A su vez, admitió haber estudiado la posibilidad de adoptar el Estado de Sitio.
Las medidas fueron descartadas, según el expresidente, porque no había “clima”, “oportunidad” y una “base mínimamente sólida”. Por el contrario, el jefe del Ejército (Marco Antônio Freire Gomes ) y el de la Aeronaútica (Carlos de Almeida Baptista Júnior), aseguraron en las sesiones previas que las reuniones con el ex presidente tras las elecciones tuvieron “tono golpista”.
Por su parte, Jair Bolsonaro calificó de improcedente la acusación que le implica en un intento de golpe de Estado y en los altercados antidemocráticas del 8 de enero de 2023. “Había gente loca pidiendo intervención militar de las Fuerzas Armadas. Nosotros repudiamos eso. No procede decir que yo colaboré con el 8 de enero. No estimulé aquel caos”, aseguró Bolsonaro.
Ataque a las urnas
El juicio contra las ocho personas del núcleo duro de la trama golpista comenzó el lunes con el interrogatorio al teniente coronel Mauro Cid, “ayudante de órdenes” del expresidente, que firmó un acuerdo de delación con la justicia. Mauro Cid aseguró que Jair Bolsonaro realizó varias reuniones para tratar la “minuta golpista”, el documento que aprobaba la intervención militar, encontrado por la Policía Federal (PF) en la casa del exministro de Justicia, Anderson Torres.
El expresidente, según Mauro Cid, “leyó y modificó la minuta”. A su vez, Cid afirmó que Bolsonaro presionó al entonces ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, para publicar un informe de las Fuerzas Armadas duro contra las urnas electrónicas.
Bolsonaro, que se negó a realizar un media training previo a la sesión recomendado por sus asesores, continuó criticando en su intervención el sistema electoral brasileño. El expresidente, acusado de cinco crímenes —entre ellos “abolición violenta del Estado democrático”, “intento de golpe de Estado” y “participación en organización criminal armada”— afirmó que “sería bueno perfeccionar el sistema electoral para que no haya dudas sobre él”. Tras una intervención larga de Bolsonaro sobre urnas electrónicas, el ministro Alexandre de Moraes concluyó con firmeza que “no hay ninguna dudas sobre el sistema electrónico”.
A pesar de los tropiezos y contradicciones en su declaración, Jair Bolsonaro consiguió mantener un tono menos beligerante del habitual. Pidió perdón a Alexandre de Moraes por haber insinuado que recibió 50 millones de reales (unos 8 millones de euros) para manipular las elecciones. Cuando los ministros —término con el que se designa a los miembros del Supremo brasileño— o Paulo Gonet, el fiscal general del Estado, le recordaron frases polémicas y acusaciones contra el sistema electoral, el acusado se defendió argumentando que así es su “temperamento”. En un momento, Bolsonaro llegó a bromear y ofreció a Alexandre de Moraes ser su candidato a vicepresidente en las elecciones de 2026. Moraes entró al juego y “declinó” la propuesta con tono irónico.
Los acusados en la denuncia del Fiscal General del Estado que apura el STF, incluído el ex presidente Bolsonaro, se enfrentan a una pena de hasta 39 años de prisión.
Trump contra Moraes
La probable prisión de Jair Bolsonaro, que ya está inhabilitado políticamente desde 2023, ha hecho saltar las alertas en la extrema derecha brasileña. El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 18 de marzo, argumentando estar perseguido políticamente. Jair Bolsonaro intentó redondear la narrativa victimista tras el “auto exilio” de su hijo: “Si el diputado federal más votado de la historia de Brasil es forzado a elegir entre el exilio y la prisión, este país ya no puede ser llamado democracia”.
No obstante, el verdadero objetivo de la presencia de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos es ejercer presión para que el gobierno de Donald Trump, el entramado de grandes empresas tecnológicas y algunas instituciones internacionales intervengan contra contra Alexandre de Moraes por haber ordenado retirar de algunas plataformas digitales contenido que, en su opinión, atentaban contra el estado de derecho.
Marco Rubio, secretario de estado de Estados Unidos, afirmó a finales de mayo que existen “grandes posibilidades” de que Alexandre de Moraes sea sancionado con la severa Ley Magnitsky, usada para castigar a autoridades extranjeras acusadas de corrupción o violaciones de derechos humanos.
Eduardo Bolsonaro ha mantenido en Estados Unidos reuniones con Jason Miller, fundador de la red social de extrema derecha Gettr (una de las que demandó a Alexandre de Moraes por presuntos ataques contra la libertad de expresión), con diputados, senadores y con el mismísimo Marco Rubio.
El vástago del expresidente intentó infructuosamente que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) acusara a Brasil de censura contra militantes de extrema derecha. La maniobras lobbistas de Bolsonaro hijo podrían estar dando frutos. La prestigiosa analista política Mônica Bergamo publicó en la Folha de São Paulo que los aliados de Bolsonaro esperan sanciones inminentes del gobierno de Donald Trump contra autoridades brasileñas.
La Casa Blanca, según ha informado la prensa brasileña, descarta sanciones directas contra el gobierno de Lula, pero no contra Alexandre de Moraes. Además, considera que Lula perderá de forma avasalladora las elecciones de 2026. Un miembro del gobierno de Donald Trump declaró a Metrópoles que el futuro presidente de Brasil tendrá “suficiente apoyo popular” para conceder el indulto a Bolsonaro y sacarlo de la cárcel. El teniente coronel Mauro Cid declara en el juicio de la trama golpista en el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño que el ex presidente leyó y modificó la «minuta» del golpe de EstadoTrump en América Latina: una constelación de halcones ultras para restablecer el orden neoliberal
Con un ejemplar de la constitución de Brasil en la mano y semblante sereno, el expresidente de Brasil Jair Bolsonaro compareció este martes en el Supremo Tribunal Federal (STF) para prestar declaración en el juicio contra el núcleo duro de la trama golpista. Cara a cara contra su archienemigo Alexandre de Moraes, ministro del STF, Jair Bolsonaro arrancó su intervención en el juicio más esperado del año con un discurso político.
Irritado ante la imposibilidad de mostrar videos, el expresidente incidió en la narrativa victimista. “Recorrí Brasil y acabé siendo elegido, no sin antes pasar por una cuchillada que casi me quita la vida”, aseguró, en alusión al atentado que sufrió durante la campaña presidencial de 2022. Además, Bolsonaro afirmó que fue perseguido por la prensa y la justicia por defender el voto impreso.
En una declaración que duró algo más de dos horas, el exmandatario negó con un tono forzadamente moderado su implicación en el intento de golpe de Estado, que presuntamente ocurrió tras las elecciones presidenciales de octubre de 2022. A pesar de ello, Bolsonaro fue tropezando en una declaración confusa y llegó a reconocer que convocó a los comandantes de las Fuerzas Armadas para discutir alternativas al resultado electoral y “cuestionar” la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva. A su vez, admitió haber estudiado la posibilidad de adoptar el Estado de Sitio.
Las medidas fueron descartadas, según el expresidente, porque no había “clima”, “oportunidad” y una “base mínimamente sólida”. Por el contrario, el jefe del Ejército (Marco Antônio Freire Gomes ) y el de la Aeronaútica (Carlos de Almeida Baptista Júnior), aseguraron en las sesiones previas que las reuniones con el ex presidente tras las elecciones tuvieron “tono golpista”.
Por su parte, Jair Bolsonaro calificó de improcedente la acusación que le implica en un intento de golpe de Estado y en los altercados antidemocráticas del 8 de enero de 2023. “Había gente loca pidiendo intervención militar de las Fuerzas Armadas. Nosotros repudiamos eso. No procede decir que yo colaboré con el 8 de enero. No estimulé aquel caos”, aseguró Bolsonaro.
Ataque a las urnas
El juicio contra las ocho personas del núcleo duro de la trama golpista comenzó el lunes con el interrogatorio al teniente coronel Mauro Cid, “ayudante de órdenes” del expresidente, que firmó un acuerdo de delación con la justicia. Mauro Cid aseguró que Jair Bolsonaro realizó varias reuniones para tratar la “minuta golpista”, el documento que aprobaba la intervención militar, encontrado por la Policía Federal (PF) en la casa del exministro de Justicia, Anderson Torres.
El expresidente, según Mauro Cid, “leyó y modificó la minuta”. A su vez, Cid afirmó que Bolsonaro presionó al entonces ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, para publicar un informe de las Fuerzas Armadas duro contra las urnas electrónicas.
Bolsonaro, que se negó a realizar un media training previo a la sesión recomendado por sus asesores, continuó criticando en su intervención el sistema electoral brasileño. El expresidente, acusado de cinco crímenes —entre ellos “abolición violenta del Estado democrático”, “intento de golpe de Estado” y “participación en organización criminal armada”— afirmó que “sería bueno perfeccionar el sistema electoral para que no haya dudas sobre él”. Tras una intervención larga de Bolsonaro sobre urnas electrónicas, el ministro Alexandre de Moraes concluyó con firmeza que “no hay ninguna dudas sobre el sistema electrónico”.
A pesar de los tropiezos y contradicciones en su declaración, Jair Bolsonaro consiguió mantener un tono menos beligerante del habitual. Pidió perdón a Alexandre de Moraes por haber insinuado que recibió 50 millones de reales (unos 8 millones de euros) para manipular las elecciones. Cuando los ministros —término con el que se designa a los miembros del Supremo brasileño— o Paulo Gonet, el fiscal general del Estado, le recordaron frases polémicas y acusaciones contra el sistema electoral, el acusado se defendió argumentando que así es su “temperamento”. En un momento, Bolsonaro llegó a bromear y ofreció a Alexandre de Moraes ser su candidato a vicepresidente en las elecciones de 2026. Moraes entró al juego y “declinó” la propuesta con tono irónico.
Los acusados en la denuncia del Fiscal General del Estado que apura el STF, incluído el ex presidente Bolsonaro, se enfrentan a una pena de hasta 39 años de prisión.
Trump contra Moraes
La probable prisión de Jair Bolsonaro, que ya está inhabilitado políticamente desde 2023, ha hecho saltar las alertas en la extrema derecha brasileña. El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 18 de marzo, argumentando estar perseguido políticamente. Jair Bolsonaro intentó redondear la narrativa victimista tras el “auto exilio” de su hijo: “Si el diputado federal más votado de la historia de Brasil es forzado a elegir entre el exilio y la prisión, este país ya no puede ser llamado democracia”.
No obstante, el verdadero objetivo de la presencia de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos es ejercer presión para que el gobierno de Donald Trump, el entramado de grandes empresas tecnológicas y algunas instituciones internacionales intervengan contra contra Alexandre de Moraes por haber ordenado retirar de algunas plataformas digitales contenido que, en su opinión, atentaban contra el estado de derecho.
Marco Rubio, secretario de estado de Estados Unidos, afirmó a finales de mayo que existen “grandes posibilidades” de que Alexandre de Moraes sea sancionado con la severa Ley Magnitsky, usada para castigar a autoridades extranjeras acusadas de corrupción o violaciones de derechos humanos.
Eduardo Bolsonaro ha mantenido en Estados Unidos reuniones con Jason Miller, fundador de la red social de extrema derecha Gettr (una de las que demandó a Alexandre de Moraes por presuntos ataques contra la libertad de expresión), con diputados, senadores y con el mismísimo Marco Rubio.
El vástago del expresidente intentó infructuosamente que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) acusara a Brasil de censura contra militantes de extrema derecha. La maniobras lobbistas de Bolsonaro hijo podrían estar dando frutos. La prestigiosa analista política Mônica Bergamo publicó en la Folha de São Paulo que los aliados de Bolsonaro esperan sanciones inminentes del gobierno de Donald Trump contra autoridades brasileñas.
La Casa Blanca, según ha informado la prensa brasileña, descarta sanciones directas contra el gobierno de Lula, pero no contra Alexandre de Moraes. Además, considera que Lula perderá de forma avasalladora las elecciones de 2026. Un miembro del gobierno de Donald Trump declaró a Metrópoles que el futuro presidente de Brasil tendrá “suficiente apoyo popular” para conceder el indulto a Bolsonaro y sacarlo de la cárcel.
Con un ejemplar de la constitución de Brasil en la mano y semblante sereno, el ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro compareció ayer en el Supremo Tribunal Federal (STF) para prestar declaración en el juicio contra el núcleo duro de la trama golpista. Cara a cara contra su archienemigo Alexandre de Moraes, ministro del STF, Jair Bolsonaro arrancó su intervención en el juicio más esperado del año con un discurso político. Irritado ante la imposibilidad de mostrar videos, el ex presidente incidió en la narrativa victimista. “Recorrí Brasil y acabé siendo elegido, no sin antes pasar por una cuchillada que casi me quita la vida”, aseguró, en alusión al intento de atentado que sufrió durante la campaña presidencial de 2022. Además, Bolsonaro afirmó que fue perseguido por la prensa y la justicia por defender el voto impreso.
En una declaración que duró algo más de dos horas, el ex presidente negó con un tono forzadamente moderado su implicación en el intento de golpe de Estado, que presuntamente ocurrió tras las elecciones presidenciales de octubre de 2022. A pesar de ello, Bolsonaro fue tropezando en una declaración confusa y llegó a reconocer que convocó a los comandantes de las Fuerzas Armadas para discutir alternativas al resultado electoral y “cuestionar” la victoria a Luiz Inácio Lula da Silva. A su vez, admitió haber estudiado la posibilidad de adoptar el Estado de Sitio.
Las medidas fueron descartadas, según el ex presidente, porque no había “clima”, “oportunidad” y una “base mínimamente sólida”. Por el contrario, el jefe del Ejército (Marco Antônio Freire Gomes ) y el de la Aeronaútica (Carlos de Almeida Baptista Júnior), aseguraron en las sesiones previas que las reuniones con el ex presidente tras las elecciones tuvieron “tono golpista”. Por su parte, Jair Bolsonaro calificó de improcedente la acusación que le implica en un intento de golpe de Estado y en los altercados antidemocráticas del 8 de enero de 2023. “Había gente loca pidiendo intervención militar de las Fuerzas Armadas. Nosotros repudiamos eso. No procede decir que yo colaboré con el 8 de enero. No estimulé aquel caos”, aseguró Bolsonaro.
Ataque a las urnas
El juicio contra las ocho personas del núcleo duro de la trama golpista comenzó el lunes con el interrogatorio al teniente coronel Mauro Cid, “ayudante de órdenes” del ex presidente, que firmó un acuerdo de delación con la justicia. Mauro Cid aseguró que Jair Bolsonaro realizó varias reuniones para tratar la “minuta golpista”, el documento que aprobaba la intervención militar, encontrado por la Policía Federal (PF) en la casa del ex ministro de Justicia, Anderson Torres. El ex presidente, según Mauro Cid, “leyó y modificó la minuta”. A su vez, Cid afirmó que el ex presidente presionó al entonces ministro de Defensa, Paulo Sérgio Nogueira, para publicar un informe de las Fuerzas Armadas duro contra las urnas electrónicas.
Jair Bolsonaro, que se negó a realizar un media training previo a la sesión recomendado por sus asesores, continuó criticando en su intervención el sistema electoral brasileño. El ex presidente, acusado de cinco crímenes -entre ellos “abolición violenta del Estado democrático”, “intento de golpe de Estado” y “participación en organización criminal armada”- afirmó que “sería bueno perfeccionar el sistema electoral para que no haya dudas sobre él”. Tras una intervención larga de Bolsonaro sobre urnas electrónicas, el ministro Alexandre de Moraes concluyó con firmeza que “no hay ninguna dudas sobre el sistema electrónico”.
A pesar de los tropiezos y contradicciones en su declaración, Jair Bolsonaro consiguió mantener un tono menos beligerante del habitual. Pidió perdón a Alexandre de Moraes por haber insinuado que recibió 50 millones de reales (unos 8 millones de euros) para manipular las elecciones. Cuando los ministros del Supremo o Paulo Gonet (fiscal general del Estado) le recordaron frases polémicas y acusaciones contra el sistema electoral, el acusado se defendió argumentando que así “es mi temperamento”. En un momento, Bolsonaro llegó a bromear y ofreció a Alexandre de Moraes ser su candidato a vice presidente en las elecciones de 2026. Moraes entró al juego y “declinó” la propuesta con tono irónico.
Los acusados en la denuncia del Fiscal General del Estado que apura el STF, incluído el ex presidente Bolsonaro, se enfrentan a una pena de hasta 39 años de prisión.
Trump contra Moraes
La probable prisión de Jair Bolsonaro, que ya está inhabilitado políticamente desde 2023, ha hecho saltar las alertas en la extrema derecha brasileña. El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex presidente, se encuentra en Estados Unidos desde el pasado 18 de marzo, argumentando estar perseguido políticamente. Jair Bolsonaro intentó redondear la narrativa victimista tras el “auto exilio” de su hijo: “Si el diputado federal más votado de la historia de Brasil es forzado a elegir entre el exilio y la prisión, este país ya no puede ser llamado democracia”. No obstante, el verdadero objetivo de la presencia de Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos es ejercer presión para que el gobierno de Donald Trump, el entramado de Big Techs y algunas instituciones internacionales intervengan contra contra Alexandre de Moraes por haber ordenado retirar de algunas plataformas digitales contenido que, en su opinión, atentaban contra el estado de derecho. Marco Rubio, secretario de estado de Estados Unidos, afirmó a finales de mayo que existen “grandes posibilidades” de que Alexandre de Moraes sea sancionado con la severa Ley Magnitsky, usada para punir a autoridades extranjeras acusadas de corrupción o violaciones de derechos humanos.
Eduardo Bolsonaro ha mantenido en Estados Unidos reuniones con Jason Miller, fundador de la red social de extrema derecha Gettr (una de las que demandó a Alexandre de Moraes por presuntos ataques contra la libertad de expresión), con diputados, senadores y con el mismísimo Marco Rubio. A su vez, intentó infructuosamente que el informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) acusara a Brasil de censura contra militantes de extrema derecha. La maniobras lobbistas de Eduardo Bolsonaro podrían estar dando frutos. La prestigiosa analista política Mônica Bergamo publicó en la Folha de São Paulo que los aliados de Bolsonaro esperan sanciones inminentes del gobierno de Donald Trump contra autoridades brasileñas.
La Casa Blanca, según ha informado la prensa brasileña, descarta sanciones directas contra el gobierno Lula, pero no contra Alexandre de Moraes. Además, considera que Lula perderá de forma avasalladora las elecciones de 2026. Un miembro del gobierno de Donald Trump declaró a Metrópoles que el futuro presidente de Brasil tendrá “suficiente apoyo popular” para conceder indulto a Bolsonaro y sacarlo de la cárcel.
ElDiario.es – Internacional
