Auguste Piccard, científico suizo, diseñó el batiscafo Trieste, con el que en 1960 descendió por primera vez al foso de las Marianas. Para alcanzar la enorme profundidad del fondo del foso y poder extraer información, el ingenio debió resistir una presión enorme e incorporar unos focos potentísimos con los que iluminar la oscuridad de esas profundidades marinas. El auto dictado ayer por el titular de la plaza nº 2 de la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia es un artefacto similar: ilumina en sus 85 páginas con potentes focos una realidad completamente sustraída a la luz pública.
Hay que poner luz de una vez en la fosa de las supuestas asesorías de expolíticos, que son legión, que confunden las actividades de ‘lobby’ con el tráfico de influencias
Auguste Piccard, científico suizo, diseñó el batiscafo Trieste, con el que en 1960 descendió por primera vez al foso de las Marianas. Para alcanzar la enorme profundidad del fondo del foso y poder extraer información, el ingenio debió resistir una presión enorme e incorporar unos focos potentísimos con los que iluminar la oscuridad de esas profundidades marinas. El auto dictado ayer por el titular de la plaza nº 2 de la sección de instrucción del Tribunal Central de Instancia es un artefacto similar: ilumina en sus 85 páginas con potentes focos una realidad completamente sustraída a la luz pública.
La resolución describe un entramado organizativo que habría operado —siempre hay que recordarlo: indiciariamente, sin que nada se haya probado hasta el momento— mediante varios anillos de seguridad en torno a José Luis Rodríguez Zapatero. Todo ello, para canalizar unas actividades de influencia en torno al rescate de la aerolínea Plus Ultra en el marco de las medidas del Gobierno español para permitir la supervivencia de empresas dañadas en su actividad por las consecuencias de la pandemia.
Las influencias habrían afectado a dos administraciones públicas: por un lado, a la española, concretamente, a personas situadas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que debía intervenir en las decisiones administrativas en materia de los rescates. Por otro lado, a la administración pública venezolana, en concreto, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, que debía mantener las autorizaciones de vuelo que la compañía necesitaba para poder seguir siendo operativa y optar al rescate.
Las supuestas influencias en ambas administraciones llevadas a cabo por parte de Rodríguez Zapatero a través de una maraña de sociedades y personas interpuestas habrían generado una serie de flujos dinerarios. El expresidente ha reconocido una parte de esos ingresos, afirmando que se trataba de legítimos honorarios por labores de asesoría, recibidos y tributados ordenadamente tanto por una sociedad de la que es titular como por otra propiedad de sus hijas.
La investigación judicial afirma ahora que, conforme a los indicios averiguados, estas pretendidas actividades de prestación de servicios eran solo una pantalla para legitimar parte de los ingresos obtenidos por otros comportamientos: haber influido en personas de las administraciones española y venezolana para que el rescate se llevara a cabo. Más allá de esto, siguiendo el consejo de Deep Throat a los periodistas que investigaban en el caso Watergate —follow the money!—, el instructor cree haber identificado otros canales de llegada de dinero como pago de esas influencias a través de una estructura societaria —ubicada en Dubái— diseñada específicamente para enmascarar esos flujos de dinero, mucho más elevados de los reconocidos por Rodríguez Zapatero.
Para trazar este cuadro, la investigación presenta múltiples indicios hasta ahora desconocidos para el público, en particular, numerosas conversaciones de las personas que integraban los anillos de seguridad en torno al expresidente. Se alude a la intervención de este y, muy especialmente, aparece una comunicación de una de las personas centrales en la “trama”, como la califica el auto, que anunció a sus contactos en la compañía aérea la aprobación del rescate antes de que el Gobierno de España tomara esa decisión.
Si todo esto es cierto —de nuevo: solo hay indicios—, solo habría que concretar quiénes serían las personas en las que se intentó influir en la SEPI y cómo lo hizo Rodríguez Zapatero. Como indica el auto, la calificación jurídico-penal que correspondería sería, en tal caso, la de un delito de tráfico de influencias, concretamente, el que prevé el artículo 429 del Código Penal, que pena al particular que influya en un funcionario público “para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero”. No hace falta que se consiga lo que se pretende: basta con influir, pues se trata de un delito de mera actividad, de peligro para la recta Administración pública. Ni siquiera haría falta que se haya influido efectivamente: de acuerdo con lo previsto en el artículo 430 CP, también se castiga a quien se ofrece a realizar las actividades de influencia y recibe una dádiva por ello.
Como indica también el auto, de haber existido el tráfico de influencias o la oferta de tráfico de influencias, las actividades de legitimación de los ingresos, en España como supuestos honorarios, en Dubái, como actividades empresariales opacas, serían constitutivas, también, de un delito de blanqueo de capitales, consistente en introducir en la economía legítima los fondos obtenidos mediante actividades delictivas.
Desde mi punto de vista, además de otros posibles delitos de organización (organización o grupo criminal, asociación ilícita), de ser cierto el relato contenido en el auto, probablemente, habría que afirmar también la existencia de un delito de corrupción en las actividades económicas internacionales, al haberse ofrecido alguna ventaja indebida a los funcionarios venezolanos presuntamente implicados, recogido en el artículo 286 ter del Código Penal.
Más allá de las repercusiones políticas concretas que pueda tener el caso, de convertirse en pruebas los indicios, por la relevancia de la persona en el centro de la instrucción, a mi juicio, debe llamarnos a una reflexión en España. No solo hay casos de corrupción ramplona, de comisiones o casas de vacaciones a cambio de adjudicaciones, ni de corrupción abusando de las fuerzas de policía para obtener fines políticos, ni de ministros que venden modificaciones a leyes que benefician a quienes les pagan, ni de meras puertas giratorias que conducen a consejos de administración de personas que se han ocupado de los intereses de esas empresas mientras se supone que servían al Estado.
De lo que se trata es que es urgente mandar una completa escuadra de batiscafos para iluminar de una vez la fosa de las supuestas asesorías de expolíticos, que son legión, que confunden las actividades de lobby con el tráfico de influencias.
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