La política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez está tomando tintes clasistas, a la luz de sus resultados. Allí donde La Moncloa aseguraba que su pretensión era proteger a los ciudadanos vulnerables, la realidad parece distinta: las familias más humildes o las personas con bajos salarios corren el riesgo de tener ya menos posibilidades de acceder a un techo que antaño. Alquilar un piso amaga con volverse un lujo en España.
No culpen solo al mercado. La clase política tiene gran responsabilidad en lo prohibitivo de los arrendamientos
La política de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez está tomando tintes clasistas, a la luz de sus resultados. Allí donde La Moncloa aseguraba que su pretensión era proteger a los ciudadanos vulnerables, la realidad parece distinta: las familias más humildes o las personas con bajos salarios corren el riesgo de tener ya menos posibilidades de acceder a un techo que antaño. Alquilar un piso amaga con volverse un lujo en España.
Para empezar, una parte de las medidas que el Ejecutivo ha ido implementando en este tiempo han pivotado —sutilmente— sobre la idea de que el problema de la vivienda era básicamente culpa de los caseros, de su supuesta “avaricia” poniendo precios exorbitados. De ahí, que se promocionaran los topes del alquiler o que se quiera alargar el decreto antidesahucios para que los llamados rentistas no expulsen de sus casas a las personas vulnerables. Se daba así a entender —de forma implícita— que, al menos a corto plazo, el drama de la vivienda es resultado del capricho de los propietarios, y no de la aplastante ley de la oferta y la demanda.
Sin embargo, la realidad es que entre 2022 y 2025 la población española ha aumentado en un millón y medio de personas y se han creado, de media, unas 250.000 familias al año. Esto significa que la demanda ha subido por encima de la oferta. Ya he comentado por qué construir resulta necesario para paliar la situación de escasez —a diferencia de lo que sostienen algunos socios de izquierdas del PSOE—, pero el drama es que vamos muy tarde. Si el déficit de viviendas en 2025 se cifraba en 600.000, probablemente haya aumentado. Ni el Estado ni las comunidades autónomas han logrado revertir el problema creando más vivienda protegida o promocionando de forma suficiente el mercado libre, a la vista de cómo han seguido subiendo los precios.
No hace falta demasiada imaginación para suponer lo que ocurre en un contexto de escasez de pisos: acceder a un techo se convierte en una perversa yincana. Si los caseros pueden elegir entre decenas de inquilinos, probablemente acaben escogiendo a quienes presenten la nómina más alta o mayores garantías, como avales bancarios, propias de quien tiene ahorros o va financieramente holgado. Habrá casos de altruismo entre algunos arrendadores, pero una política de vivienda seria no puede basarse en la buena voluntad de nadie.
El caso es que el Gobierno sigue insistiendo en que sus medidas han sido efectivas allí donde se han aplicado. Es una tesis cuestionable. La política de vivienda de Sánchez también se ha basado en garantizar un techo a quien ya lo tenía, pero se lo ha puesto muy difícil a quien quiere acceder a él. Es el llamado efecto insiders–outsiders.
Primero, porque los topes del alquiler habrán podido frenar el alza de los precios —como ocurrió en la ciudad de Barcelona en 2024 o ahora ha pasado en Navarra—. El problema no es que algunos inquilinos hayan logrado una renta más barata o contenida con respecto a años anteriores, sino que muchos otros no podrán emanciparse ni lograr un techo nuevo. No hay que ver el problema de la vivienda como algo simplemente relativo a los pisos que se alquilan y a su precio, sino también como un drama de toda aquella gente que quisiera alquilar y no puede, porque la oferta es escasa o se desvía hacia otros fines. En Cataluña, por ejemplo, se ha venido expulsando oferta hacia el alquiler de temporada —turístico, por habitaciones o por semanas—, en el que se puede fijar el precio libremente y al alza.
Segundo, se prevé que este 2026 habrá una gran revisión del alquiler que afectará a 1,6 millones de personas por la expiración de unos 630.000 contratos, lo que podría encarecer la renta de esos inquilinos hasta 4.600 euros al año. Durante los cinco años de arriendo, los precios se han ido revalorizando conforme al IPC anual; sin embargo, ahora muchos podrían verse obligados a abandonar su vivienda porque no serán capaces de asumir nuevas subidas. Algunos volverán a casa de sus padres —con 20, 35, 40 o más años— o tendrán que compartir piso con otras personas. Es esperable, pues, que esos inmuebles acaben en manos de quienes puedan pagar precios más elevados; de ahí que el Ejecutivo implore a los propietarios que no suban el precio a cambio de beneficios fiscales.
Por último, el decreto antidesahucios está resultando contraproducente hasta para los ciudadanos que decía proteger. Muchos caseros han endurecido en estos años las condiciones para arrendar su piso, por ejemplo, pidiendo nóminas elevadas a sus inquilinos —por encima de lo considerado como estatus de vulnerable—, para no sufrir una situación de eventual impago. Todo ello, a sabiendas de que podían abocarse a años de juicios y no recibir a tiempo la indemnización prometida, incluso si solo tenían una vivienda en el mercado de alquiler.
En consecuencia, alquilar un piso se ha vuelto clasista en España, pero esta vez lo ha incentivado la clase política. No culpen simplemente al mercado. Allí donde se parchean los problemas y la escasez es la norma, quienes menos recursos tienen serán siempre los más perjudicados.
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