La líder progresista demócrata, congresista por Nueva York, reclama en las enmiendas a la Ley de Autorización de Defensa Nacional un giro en la política de la Casa Blanca con respecto a América Latina Trump recurre a las ejecuciones extrajudiciales para aumentar la presión sobre Maduro
Alexandria Ocasio-Cortez exige a Donald Trump un giro en su política sobre América Latina. Y lo está haciendo a través de una serie de enmiendas que la congresista por Nueva York acaba de presentar a la Ley de Autorización de Defensa Nacional.
Las enmiendas están redactadas con el fin de que Estados Unidos no apoye a violadores de los derechos humanos ni a actores antidemocráticos. Además, hay una enmienda sobre Brasil en la que se exige al secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, explicar por qué Brasil constituye la “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos, hasta el punto de que la Administración Trump esté aplicando unos aranceles excepcionales contra Brasil por el juicio por golpista al ex presidente Jair Bolsonaro..
En relación con Colombia, con cuyo presidente, Gustavo Petro, ya tuvo un enfrentamiento al principio de este segundo mandato por la deportación como delincuentes a los migrantes sin papeles, Ocasio-Cortez exige “impedir que los fondos estadounidenses se destinen a cualquier persona involucrada en intentos de derrocar al presidente Petro”, y reclama que “el presidente [Trump] envíe al Congreso un informe sobre cualquier reunión entre dichas personas y representantes del Gobierno estadounidense”.
Así mismo, la líder progresista de demócrata solicita “un informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en Colombia en el pasado, incluyendo la colaboración militar entre Estados Unidos y Colombia entre 1980 y 2010”. Además, exige “información sobre el conocimiento del Gobierno de EEUU acerca de la participación del ejército colombiano en asesinatos y desapariciones, y la colaboración en ofensivas paramilitares [incluidas las de falsa bandera] y cualquier violación grave de los derechos humanos resultante de la colaboración del ejército colombiano con empresas privadas de seguridad”.
En relación con Ecuador, gobernado por el multimillonario Daniel Noboa, que ordenó el asalto a la embajada de México en Quito y que acaba de lograr la reelección con denuncias de la oposición por irregularidades, la congresista por Nueva York reclama la prohibición de la “asistencia militar hasta que el secretario de Defensa y el secretario de Estado presenten al Congreso una certificación de que Ecuador respeta la protección de los derechos humanos y que los miembros de las fuerzas armadas y la policía que han cometido violaciones de los derechos humanos están siendo responsabilizados a través de los mecanismos judiciales adecuados. El informe debe hacer referencia a la información y los datos pertinentes de las organizaciones de la sociedad civil ecuatorianas e internacionales sobre violaciones de los derechos humanos”.
Sobre Perú, cuya presidenta, Dina Boluarte, ha sido objeto de múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos, Ocasio-Cortez pide frenar “la financiación del Departamento de Defensa a Perú hasta que se certifique que el Ejecutivo y el Congreso peruanos no están obstaculizando la justicia en ningún caso de corrupción, que no se está obstaculizando la libertad de prensa, que ha cesado la represión de los manifestantes pacíficos y que se ha completado una investigación sobre los asesinatos en masa de manifestantes en Perú y las prácticas militares y policiales iniciadas en diciembre de 2022 por parte de expertos independientes, y se ha informado de ello a las comisiones parlamentarias correspondientes”.
La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) es una ley federal fundamental, porque autoriza los gastos del Departamento de Defensa, y por eso, los miembros del Congreso presentan muchas enmiendas –hay más de 900 actualmente–.
En este sentido, es relevante cómo Ocasio-Cortez, como líder de los demócratas progresistas, muestra a través de sus enmiendas lo que quiere hacer este ala del partido, que podría realizarse si recuperan la Cámara de Representantes en noviembre de 2026.
Alex Main, director de Política Internacional del Centre for Economic Policy Research, explica que “el descarado e ilegal ataque militar de Trump contra un supuesto barco de narcotraficantes, que supuestamente procedía de Venezuela, muestra un posible futuro para las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Las enmiendas que ha presentado Ocasio-Cortez ofrecen otro, uno que defendería la soberanía nacional, las instituciones democráticas y los derechos humanos, y pondría fin a la impunidad de los golpistas y los violadores de derechos”.
En este sentido, en relación con Venezuela, la enmienda presentada por Ocasio-Cortez junto con el líder del Progressive Caucus del Congreso, el representante por Texas Greg Casar, reclama la “prohibición del uso de la fuerza militar no autorizada en o contra Venezuela en general”. Y añade: “Ninguno de los fondos autorizados podrá destinarse a ningún uso de la fuerza militar en o contra Venezuela, a menos que el Congreso haya declarado la guerra a Venezuela o promulgado una autorización legal específica para dicho uso de la fuerza militar”.
Los republicanos de la Cámara de Representantes anunciaron a finales de agosto su intención de impulsar el proyecto de ley anual de política de defensa durante la segunda semana de septiembre, en una de las primeras medidas importantes que abordarán los legisladores tras el receso estival.
Así, el Comité de Reglas de la Cámara, que establece las pautas para la legislación y determina qué enmiendas se someten a votación, anunció que probablemente se reunirá la semana del 8 de septiembre para preparar la Ley de Autorización de Defensa Nacional para su debate en el pleno. La líder progresista demócrata, congresista por Nueva York, reclama en las enmiendas a la Ley de Autorización de Defensa Nacional un giro en la política de la Casa Blanca con respecto a América Latina Trump recurre a las ejecuciones extrajudiciales para aumentar la presión sobre Maduro
Alexandria Ocasio-Cortez exige a Donald Trump un giro en su política sobre América Latina. Y lo está haciendo a través de una serie de enmiendas que la congresista por Nueva York acaba de presentar a la Ley de Autorización de Defensa Nacional.
Las enmiendas están redactadas con el fin de que Estados Unidos no apoye a violadores de los derechos humanos ni a actores antidemocráticos. Además, hay una enmienda sobre Brasil en la que se exige al secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, explicar por qué Brasil constituye la “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos, hasta el punto de que la Administración Trump esté aplicando unos aranceles excepcionales contra Brasil por el juicio por golpista al ex presidente Jair Bolsonaro..
En relación con Colombia, con cuyo presidente, Gustavo Petro, ya tuvo un enfrentamiento al principio de este segundo mandato por la deportación como delincuentes a los migrantes sin papeles, Ocasio-Cortez exige “impedir que los fondos estadounidenses se destinen a cualquier persona involucrada en intentos de derrocar al presidente Petro”, y reclama que “el presidente [Trump] envíe al Congreso un informe sobre cualquier reunión entre dichas personas y representantes del Gobierno estadounidense”.
Así mismo, la líder progresista de demócrata solicita “un informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en Colombia en el pasado, incluyendo la colaboración militar entre Estados Unidos y Colombia entre 1980 y 2010”. Además, exige “información sobre el conocimiento del Gobierno de EEUU acerca de la participación del ejército colombiano en asesinatos y desapariciones, y la colaboración en ofensivas paramilitares [incluidas las de falsa bandera] y cualquier violación grave de los derechos humanos resultante de la colaboración del ejército colombiano con empresas privadas de seguridad”.
En relación con Ecuador, gobernado por el multimillonario Daniel Noboa, que ordenó el asalto a la embajada de México en Quito y que acaba de lograr la reelección con denuncias de la oposición por irregularidades, la congresista por Nueva York reclama la prohibición de la “asistencia militar hasta que el secretario de Defensa y el secretario de Estado presenten al Congreso una certificación de que Ecuador respeta la protección de los derechos humanos y que los miembros de las fuerzas armadas y la policía que han cometido violaciones de los derechos humanos están siendo responsabilizados a través de los mecanismos judiciales adecuados. El informe debe hacer referencia a la información y los datos pertinentes de las organizaciones de la sociedad civil ecuatorianas e internacionales sobre violaciones de los derechos humanos”.
Sobre Perú, cuya presidenta, Dina Boluarte, ha sido objeto de múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos, Ocasio-Cortez pide frenar “la financiación del Departamento de Defensa a Perú hasta que se certifique que el Ejecutivo y el Congreso peruanos no están obstaculizando la justicia en ningún caso de corrupción, que no se está obstaculizando la libertad de prensa, que ha cesado la represión de los manifestantes pacíficos y que se ha completado una investigación sobre los asesinatos en masa de manifestantes en Perú y las prácticas militares y policiales iniciadas en diciembre de 2022 por parte de expertos independientes, y se ha informado de ello a las comisiones parlamentarias correspondientes”.
La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) es una ley federal fundamental, porque autoriza los gastos del Departamento de Defensa, y por eso, los miembros del Congreso presentan muchas enmiendas –hay más de 900 actualmente–.
En este sentido, es relevante cómo Ocasio-Cortez, como líder de los demócratas progresistas, muestra a través de sus enmiendas lo que quiere hacer este ala del partido, que podría realizarse si recuperan la Cámara de Representantes en noviembre de 2026.
Alex Main, director de Política Internacional del Centre for Economic Policy Research, explica que “el descarado e ilegal ataque militar de Trump contra un supuesto barco de narcotraficantes, que supuestamente procedía de Venezuela, muestra un posible futuro para las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Las enmiendas que ha presentado Ocasio-Cortez ofrecen otro, uno que defendería la soberanía nacional, las instituciones democráticas y los derechos humanos, y pondría fin a la impunidad de los golpistas y los violadores de derechos”.
En este sentido, en relación con Venezuela, la enmienda presentada por Ocasio-Cortez junto con el líder del Progressive Caucus del Congreso, el representante por Texas Greg Casar, reclama la “prohibición del uso de la fuerza militar no autorizada en o contra Venezuela en general”. Y añade: “Ninguno de los fondos autorizados podrá destinarse a ningún uso de la fuerza militar en o contra Venezuela, a menos que el Congreso haya declarado la guerra a Venezuela o promulgado una autorización legal específica para dicho uso de la fuerza militar”.
Los republicanos de la Cámara de Representantes anunciaron a finales de agosto su intención de impulsar el proyecto de ley anual de política de defensa durante la segunda semana de septiembre, en una de las primeras medidas importantes que abordarán los legisladores tras el receso estival.
Así, el Comité de Reglas de la Cámara, que establece las pautas para la legislación y determina qué enmiendas se someten a votación, anunció que probablemente se reunirá la semana del 8 de septiembre para preparar la Ley de Autorización de Defensa Nacional para su debate en el pleno.
Alexandria Ocasio-Cortez exige a Donald Trump un giro en su política sobre América Latina. Y lo está haciendo a través de una serie de enmiendas que la congresista por Nueva York acaba de presentar a la Ley de Autorización de Defensa Nacional.
Las enmiendas están redactadas con el fin de que Estados Unidos no apoye a violadores de los derechos humanos ni a actores antidemocráticos. Además, hay una enmienda sobre Brasil en la que se exige al secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, explicar por qué Brasil constituye la “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos, hasta el punto de que la Administración Trump esté aplicando unos aranceles excepcionales contra Brasil por el juicio por golpista al ex presidente Jair Bolsonaro..
En relación con Colombia, con cuyo presidente, Gustavo Petro, ya tuvo un enfrentamiento al principio de este segundo mandato por la deportación como delincuentes a los migrantes sin papeles, Ocasio-Cortez exige “impedir que los fondos estadounidenses se destinen a cualquier persona involucrada en intentos de derrocar al presidente Petro”, y reclama que “el presidente [Trump] envíe al Congreso un informe sobre cualquier reunión entre dichas personas y representantes del Gobierno estadounidense”.
Así mismo, la líder progresista de demócrata solicita “un informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas en Colombia en el pasado, incluyendo la colaboración militar entre Estados Unidos y Colombia entre 1980 y 2010”. Además, exige “información sobre el conocimiento del Gobierno de EEUU acerca de la participación del ejército colombiano en asesinatos y desapariciones, y la colaboración en ofensivas paramilitares [incluidas las de falsa bandera] y cualquier violación grave de los derechos humanos resultante de la colaboración del ejército colombiano con empresas privadas de seguridad”.
En relación con Ecuador, gobernado por el multimillonario Daniel Noboa, que ordenó el asalto a la embajada de México en Quito y que acaba de lograr la reelección con denuncias de la oposición por irregularidades, la congresista por Nueva York reclama la prohibición de la “asistencia militar hasta que el secretario de Defensa y el secretario de Estado presenten al Congreso una certificación de que Ecuador respeta la protección de los derechos humanos y que los miembros de las fuerzas armadas y la policía que han cometido violaciones de los derechos humanos están siendo responsabilizados a través de los mecanismos judiciales adecuados. El informe debe hacer referencia a la información y los datos pertinentes de las organizaciones de la sociedad civil ecuatorianas e internacionales sobre violaciones de los derechos humanos”.
Sobre Perú, cuya presidenta, Dina Boluarte, ha sido objeto de múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos, Ocasio-Cortez pide frenar “la financiación del Departamento de Defensa a Perú hasta que se certifique que el Ejecutivo y el Congreso peruanos no están obstaculizando la justicia en ningún caso de corrupción, que no se está obstaculizando la libertad de prensa, que ha cesado la represión de los manifestantes pacíficos y que se ha completado una investigación sobre los asesinatos en masa de manifestantes en Perú y las prácticas militares y policiales iniciadas en diciembre de 2022 por parte de expertos independientes, y se ha informado de ello a las comisiones parlamentarias correspondientes”.
La Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) es una ley federal fundamental, porque autoriza los gastos del Departamento de Defensa, y por eso, los miembros del Congreso presentan muchas enmiendas –hay más de 900 actualmente–.
En este sentido, es relevante cómo Ocasio-Cortez, como líder de los demócratas progresistas, muestra a través de sus enmiendas lo que quiere hacer este ala del partido, que podría realizarse si recuperan la Cámara de Representantes en noviembre de 2026.
Alex Main, director de Política Internacional del Centre for Economic Policy Research, explica que “el descarado e ilegal ataque militar de Trump contra un supuesto barco de narcotraficantes, que supuestamente procedía de Venezuela, muestra un posible futuro para las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. Las enmiendas que ha presentado Ocasio-Cortez ofrecen otro, uno que defendería la soberanía nacional, las instituciones democráticas y los derechos humanos, y pondría fin a la impunidad de los golpistas y los violadores de derechos”.
En este sentido, en relación con Venezuela, la enmienda presentada por Ocasio-Cortez junto con el líder del Progressive Caucus del Congreso, el representante por Texas Greg Casar, reclama la “prohibición del uso de la fuerza militar no autorizada en o contra Venezuela en general”. Y añade: “Ninguno de los fondos autorizados podrá destinarse a ningún uso de la fuerza militar en o contra Venezuela, a menos que el Congreso haya declarado la guerra a Venezuela o promulgado una autorización legal específica para dicho uso de la fuerza militar”.
Los republicanos de la Cámara de Representantes anunciaron a finales de agosto su intención de impulsar el proyecto de ley anual de política de defensa durante la segunda semana de septiembre, en una de las primeras medidas importantes que abordarán los legisladores tras el receso estival.
Así, el Comité de Reglas de la Cámara, que establece las pautas para la legislación y determina qué enmiendas se someten a votación, anunció que probablemente se reunirá la semana del 8 de septiembre para preparar la Ley de Autorización de Defensa Nacional para su debate en el pleno.
ElDiario.es – Internacional
