Junts per Catalunya rechaza validar los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará al Congreso de los Diputados este viernes. El partido independentista catalán ha estado evaluando internamente qué posicionamiento adoptaba en un asunto que tiene la consideración de material altamente sensible y ha hecho público el desenlace entrada la noche de este jueves. A pesar del clamor de las calles, los independentistas han pedido retirar los decretos y acelerar un nuevo redactado, alegando que las medidas incorporadas en el texto actual “provocarán el efecto contrario”, es decir, reducirán la oferta de alquiler y encarecerán aún más los precios.
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Junts per Catalunya tumba los dos decretos de vivienda que el Gobierno llevará al Congreso de los Diputados este viernes. Revés seco para el Ejecutivo. El partido independentista catalán ha estado evaluando internamente qué posicionamiento adoptaba en un tema que tiene la consideración de material altamente sensible y ha hecho público el desenlace entrada la noche de este jueves. Se da por sentado que el posicionamiento acarreará consecuencias. “No tenemos miedo de quemarnos para continuar defendiendo los intereses de las familias catalanas”, había avanzado la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.
Otra vez en un 1 de octubre, nueve años después del intento de referéndum de independencia, Carles Puigdemont tenía en su mano una decisión con capacidad para marcar un punto de inflexión en la política española. La decisión de Junts se ha hecho pública tras una reunión telemática de su ejecutiva, convocada de urgencia este mismo jueves por el secretario general Jordi Turull. La formación independentista se había blindado durante toda la jornada, para no dar ninguna pista de cual iba a ser el sentido de su voto. Al consultar a fuentes del partido, trascendía que uno de los extremos que más reticencias generaba era la idea de que los decretos no son más que un “parche” en un tema, la vivienda, que es crítico.
“Es un asunto delicadísimo porque, en función de lo que se apruebe, se puede reducir aún más el mercado y aumentar más los precios”, apuntaba un cargo muy cercano al grupo parlamentario de Junts en el Congreso. La misma voz insistía en poner en duda la utilidad práctica de los decretos para resolver las causas de fondo de la problemática habitacional, y advertía que errar el tiro en este sentido da alas a fuerzas de ultraderecha como Aliança Catalana y Vox “porque la gente ve como el cortoplacismo político les ha arrebatado la sociedad que tenían”.
Junts pone de relieve que las medidas intervencionistas sobre el mercado logran mucho escaparate, pero propician poca ganancia. Sobre todo, a ojos de su electorado más conservador. El partido heredero de Convergència trata de mimar los intereses de su votante medio, identificado como clase media-alta catalana y que tradicionalmente ha visto en el mercado inmobiliario un activo donde pescar generosas rentabilidades.
Junts no esconde que siempre puso como prioridad “proteger al pequeño propietario”. En este sentido, dentro del equipo de diputados que comanda Míriam Nogueras ha florecido un debate en torno al convencimiento que, quien posee una vivienda, “le disgusta que alguien de fuera le imponga qué puede hacer con ella y qué no puede hacer”.
El presidente de Junts, Carles Puigdemont, pendiente de poder beneficiarse a partir del martes del despliegue completo de la ley de amnistía, lo que abre la puerta a su retorno a España, escribió la semana pasada un texto en las redes sociales, buscando aportar un análisis sobre la vivienda. Puigdemont criticó a quienes prefieren “los eslóganes antes que el discurso”.
El martes, el Consejo de Ministros aprobó los dos reales decretos sobre vivienda, con la expectativa de que este viernes pudieran ser convalidados en el Congreso. El Gobierno aparenta estar acostumbrado a vivir en el alambre y asume que cada vez que necesita apoyos los tiene que sudar. Pese a todo, el presidente Pedro Sánchez anunció el miércoles que se sentía “razonablemente optimista” sobre la convalidación.
Tras el estallido de una tormenta de crispación por el caso Maricarmen, la activación de un marco normativo para ayudar a paliar la problemática de acceso a la vivienda se ha presentado como un asunto acuciante para el Ejecutivo. Con el fin de la legislatura merodeando sobre su cabeza, Sánchez trata de sacudirse los agobios por poder lucir una lista con algunos deberes hechos.
El anuncio de Podemos, primero, del PNV, luego, y también de Coalición Canaria, anticipando que iban a permitir la aprobación de por lo menos uno de los decretos del Ejecutivo, el que veta la compra de inmuebles a fondos buitres y prorroga hasta 2030 la prohibición desahucios a personas vulnerables, fijaba todos los ojos en la balanza de Junts.
Ione Belarra, secretaria general de Podemos, durante una entrevista en TVE ha llegado a referirse a los decretos como “migajas”. Pese a ello, ha querido dejar clara su posición: “Vamos a votar sí”, ha añadido. El PNV, por su parte, habla de apoyo “crítico” al decreto de vivienda porque no deja de ser “un parche puntual, con muchas carencias”, pero se observa una protección para las personas vulnerables y mejora la situación de los pequeños propietarios.
Por su parte, el partido independentista catalán ha tratado de aparentar que vivía ajeno a las urgencias que pudiera tener el Gobierno. “Estamos acostumbrados a ello. Otra más”, resumía este jueves una fuente de Junts cuando se preguntaba si la creciente expectación depositada sobre su decisión podía llegar a condicionar el veredicto final.
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