Más de dos semanas después de la entrada masiva en Ceuta, el Ejecutivo central ha anunciado este lunes que se van a habilitar cuatro espacios para acoger a los migrantes. Los establecimientos tendrán capacidad para 1.500 personas, según ha anunciado la ministra de Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, en la Delegación de Gobierno de la ciudad autónoma. “La colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad cuanto antes”, ha subrayado Saiz solo unas horas después de que el presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, haya elevado el tono contra la gestión de Pedro Sánchez. Sobre la acogida de cientos de migrantes que permanecen en las calles y playas, la ministra no ha querido aclarar cuál es la prioridad de La Moncloa, si devolverlos a Marruecos o tramitar su asilo. Solo ha detallado que las acciones emprendidas se harán siempre bajo “la legalidad vigente”.
El Ejecutivo no aclara cuántas personas continúan en las calles de la ciudad autónoma. “La colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad cuanto antes”, destaca la ministra Saiz
Más de dos semanas después de la entrada masiva en Ceuta, el Ejecutivo central ha anunciado este lunes que se van a habilitar cuatro espacios para acoger a los migrantes. Los establecimientos tendrán capacidad para 1.500 personas, según ha anunciado la ministra de Migraciones e Inclusión, Elma Saiz, en la Delegación de Gobierno de la ciudad autónoma. “La colaboración entre instituciones es fundamental para recuperar la normalidad cuanto antes”, ha subrayado Saiz solo unas horas después de que el presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, haya elevado el tono contra la gestión de Pedro Sánchez. Sobre la acogida de cientos de migrantes que permanecen en las calles y playas, la ministra no ha querido aclarar cuál es la prioridad de La Moncloa, si devolverlos a Marruecos o tramitar su asilo. Solo ha detallado que las acciones emprendidas se harán siempre bajo “la legalidad vigente”.
El Gobierno central es el competente en la acogida de los migrantes adultos y el local, de los menores. Saiz ha explicado este lunes que se habilitarán 1.500 plazas para quienes entraron en la llegada masiva y llevan más de dos semanas al raso, aunque no ha aportado datos sobre cuántas personas continúan en Ceuta. Se estima que llegaron unas 80.000 y que el primer fin de semana fueron devueltas en masa por los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado unas 70.000, más unos 600 que han ido regresando por su propio pie desde entonces.
Para el realojo previsto de 1.500 personas, el Gobierno de la ciudad autónoma cederá un recurso de su titularidad, el aparcamiento del Embolsamiento, en Loma Colmenar, y el Ejecutivo central aportará otros tres: las instalaciones de la hípica próxima al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI), el antiguo campo de fútbol del cuartel de Caballería y el espacio de El Guano. Durante las conversaciones para acordar los lugares, han surgido fricciones entre ambas administraciones. Vivas se negó a que los migrantes fueran realojados en establecimientos muy céntricos, alegando quejas de los “vecinos”. Tampoco querían que se les diera cobijo en el puerto.
Como avanzó EL PAÍS, el Gobierno de la ciudad había empezado ya a derivar a un centenar de niñas y adolescentes que estaban cobijadas con la asociación de vecinos de El Príncipe, uno de los más desfavorecidos del país. La Policía Nacional ha ido trasladando a las menores no acompañadas desde el viernes pasado a dos naves de polígonos industriales que han sido reformadas para tal fin con una capacidad total de 500 plazas en literas de dos camas.
Lo que tampoco está claro es qué ocurrirá con asentamientos como el de la playa de El Trampolín si los cuatro nuevos emplazamientos no son suficientes para realojarlos a todos. La tensión ha ido en aumento en las últimas horas, después de que decenas de magrebíes se negaran el domingo a tomar la ración diaria de comida que aporta la Cruz Roja exigiendo al Gobierno central “asilo”. Este colectivo considera que hay una diferencia con la situación jurídica de los ciudadanos subsaharianos, cuyas circunstancias políticas y sociales en sus países de origen son más favorables a recibir ese asilo. “Todos los migrantes son iguales”, gritaban la tarde del domingo durante una sentada, muy controlada por decenas de agentes de la Policía Nacional.
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