El presidente de Nicaragua ha sepultado explícitamente cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país al sentenciar que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo
Expertos de la ONU acusan al Gobierno de Nicaragua de crímenes de lesa humanidad
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha sepultado explícitamente cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país al sentenciar que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.
“Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, lanzó el domingo en un discurso el mandatario durante un acto de masas en conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.
Nicaragua es gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia. Desde 2017 gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo. Murillo, que era vicepresidenta de Nicaragua desde 2017, fue designada copresidenta desde febrero de 2025 a través de una reforma constitucional.
En el acto, el mandatario sandinista dijo que los opositores en el exilio andan “agazapados” y los acusó de querer ganar unas elecciones para enriquecerse. “Pero que se olviden: Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, enfatizó.
Anunció que van a trabajar con la Asamblea Nacional (Parlamento), subordinada a la Presidencia, “y con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata (dinero) que le den los yanquis (EEUU), no podrán”.
Reforma
A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor esa reforma profunda a la Constitución Política que transformó el Estado, eliminó el balance de poderes, y otorgó un poder total a Ortega y Murillo, y que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses.
La enmienda amplió de cinco a seis años el periodo presidencial, estableció la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordine” los demás “órganos” del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legalizó la apatridia.
Es decir, Nicaragua debería celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el período presidencial, por lo que en teoría sería en noviembre de 2027.
En enero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Murillo de haberse inventado el cargo de “copresidenta” en Nicaragua sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad, “porque sabe que no puede ganar” en un proceso electoral libre.
EEUU acusó a Murillo de que, “cobardemente”, junto a Ortega, “ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar”. Además, advirtió que “el poder basado en la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo” nicaragüense. El presidente de Nicaragua ha sepultado explícitamente cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país al sentenciar que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo
Expertos de la ONU acusan al Gobierno de Nicaragua de crímenes de lesa humanidad
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha sepultado explícitamente cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país al sentenciar que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.
“Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, lanzó el domingo en un discurso el mandatario durante un acto de masas en conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.
Nicaragua es gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia. Desde 2017 gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo. Murillo, que era vicepresidenta de Nicaragua desde 2017, fue designada copresidenta desde febrero de 2025 a través de una reforma constitucional.
En el acto, el mandatario sandinista dijo que los opositores en el exilio andan “agazapados” y los acusó de querer ganar unas elecciones para enriquecerse. “Pero que se olviden: Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, enfatizó.
Anunció que van a trabajar con la Asamblea Nacional (Parlamento), subordinada a la Presidencia, “y con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata (dinero) que le den los yanquis (EEUU), no podrán”.
Reforma
A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor esa reforma profunda a la Constitución Política que transformó el Estado, eliminó el balance de poderes, y otorgó un poder total a Ortega y Murillo, y que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses.
La enmienda amplió de cinco a seis años el periodo presidencial, estableció la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordine” los demás “órganos” del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legalizó la apatridia.
Es decir, Nicaragua debería celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el período presidencial, por lo que en teoría sería en noviembre de 2027.
En enero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Murillo de haberse inventado el cargo de “copresidenta” en Nicaragua sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad, “porque sabe que no puede ganar” en un proceso electoral libre.
EEUU acusó a Murillo de que, “cobardemente”, junto a Ortega, “ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar”. Además, advirtió que “el poder basado en la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo” nicaragüense.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha sepultado explícitamente cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país al sentenciar de que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.
“Aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos (oposición) atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, lanzó el domingo en un discurso el mandatario durante un acto de masas en conmemoración del 47 aniversario de la revolución sandinista, celebrado en Managua.
Nicaragua es gobernada desde 2007 por Ortega, un exguerrillero sandinista de 80 años, en medio de denuncias de fraudes electorales o eliminando a la oposición para no tener competencia. Desde 2017 gobierna junto a su esposa, Rosario Murillo. Murillo, que era vicepresidenta de Nicaragua desde 2017, fue designada copresidenta desde febrero de 2025 a través de una reforma constitucional.
En el acto, el mandatario sandinista dijo que los opositores en el exilio andan “agazapados” y los acusó de querer ganar unas elecciones para enriquecerse. “Pero que se olviden: Aquí no volverán a haber elecciones para que por allí intenten ellos atrapar el Gobierno, atrapar el poder”, enfatizó.
Anunció que van trabajar con la Asamblea Nacional (Parlamento), subordinada a la Presidencia, “y con las organizaciones correspondientes las leyes para que le pongan un muro, un bloque, a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata (dinero) que le den los yanquis (EEUU), no podrán”.
A mediados de febrero de 2025, Nicaragua puso en vigor esa reforma profunda a la Constitución Política que transformó el Estado, eliminó el balance de poderes, y otorgó un poder total a Ortega y Murillo, y que ha sido duramente criticada por la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos, el Parlamento Europeo y opositores nicaragüenses.
La enmienda amplió de cinco a seis años el periodo presidencial, estableció la figura de “copresidenta”, que el Ejecutivo “coordine” los demás “órganos” del Estado, que dejan de llamarse poderes, y legalizó la apatridia.
Es decir, Nicaragua debería celebrar elecciones generales en noviembre de 2026, pero las enmiendas constitucionales ampliaron el período presidencial, por lo que en teoría sería en noviembre de 2027.
En enero pasado, el Departamento de Estado de Estados Unidos acusó a Murillo de haberse inventado el cargo de “copresidenta” en Nicaragua sin elecciones, sin mandato y sin legitimidad, “porque sabe que no puede ganar” en un proceso electoral libre.
EEUU acusó a Murillo de que, “cobardemente”, junto a Ortega, “ha negado a los nicaragüenses el derecho al voto democrático porque sabe que no puede ganar”. Además, advirtió que “el poder basado en la represión y la manipulación constitucional no es la voluntad del pueblo” nicaragüense.
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