La regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno ha recibido este miércoles un importante espaldarazo del Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si la regularización choca con el derecho comunitario, una posibilidad que plantearon hace unas semanas tres magistrados de esa sala. Los jueces, además, han vuelto a rechazar la suspensión cautelar de la regularización, como pidieron Aragón y la Comunidad Valenciana.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza la suspensión cautelar del real decreto del Gobierno que pedían Aragón y la Comunidad Valenciana
La Sala de lo Contencioso-Administrativo rechaza la suspensión cautelar del real decreto del Gobierno que pedían Aragón y la Comunidad Valenciana
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La regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno ha recibido este miércoles un importante espaldarazo del Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha rechazado preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) si la regularización choca con el derecho comunitario, una posibilidad que plantearon hace unas semanas tres magistrados de esa sala. Los jueces, además, han vuelto a rechazar la suspensión cautelar de la regularización, como pidieron Aragón y la Comunidad Valenciana.
El Supremo tiene todavía que resolver los recursos planteados por Vox, la Comunidad de Madrid, Aragón y la Comunidad Valenciana contra el real decreto al que han pedido acogerse 1.174.968 personas, según datos del Ministerio de Migraciones. Pero la decisión de este miércoles de la Sala de lo Contencioso es un paso importante porque cierra la puerta de forma definitiva a que la regularización se quedara congelada mientras el Supremo resuelve los recursos o a que el tribunal elevara el real decreto a la justicia europea, lo que habría retrasado varios meses una decisión definitiva sobre puesto en marcha por el Gobierno para que miles de inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular puedan incorporarse al sistema, cotizar, pagar impuestos y tener derechos y obligaciones.
El Supremo solo ha adelantado por ahora el sentido de su decisión y, hasta dentro de unos días, no se conocerán los autos con los argumentos en los que se basa. La sección quinta de la Sala de lo Contencioso, que ha sido la encargada de este asunto, sí ha avanzado que ninguno de los siete magistrados que la forman ha planteado un voto particular discrepante, a pesar de que tres de ellos suscribieron hace unos días una resolución en la que planteaban “la duda” de si el régimen de regularización establecido en el real decreto “podría entrar en colisión” con las normas en las que se apoya el Pacto de Migración y Asilo.
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