
La defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha acusado al juez Juan Carlos Peinado de actuar con “una velocidad de crucero absolutamente incompatible” con las “garantías de proceso penal en un Estado Democrático”. Así se ha pronunciado su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, en un recurso —al que ha tenido acceso EL PAÍS— que ha presentado contra la resolución en la que el instructor le citó a comparecer el próximo 9 de junio a una “audiencia preliminar” para abordar la procedencia de la apertura del juicio oral. El instructor avisó de que ese mismo día “podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de fuga ante la “extensión” de las penas de cárcel a la que se enfrenta.
Su abogado presenta un recurso contra la decisión del juez de citarle a comparecer el 9 de junio para abordar la procedencia de la apertura del juicio oral
Su abogado presenta un recurso contra la decisión del juez de citarle a comparecer el 9 de junio para abordar la procedencia de la apertura del juicio oral

La defensa de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha acusado al juez Juan Carlos Peinado de actuar con “una velocidad de crucero absolutamente incompatible” con las “garantías de proceso penal en un Estado Democrático”. Así se ha pronunciado su abogado, el exministro socialista Antonio Camacho, en un recurso, al que ha tenido acceso EL PAÍS, que ha presentado contra la resolución en la que el instructor le citó a comparecer el próximo 9 de junio a una “audiencia preliminar” para abordar la procedencia de la apertura del juicio oral.
Fue el pasado 25 de mayo cuando Peinado convocó a la mujer de Pedro Sánchez a una “audiencia preliminar”. Ese día también citó a los otros dos investigados, la asesora de Moncloa Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. “Deberán comparecer personalmente los tres”, subrayó para luego advertirles de que en caso de que no acudiesen al llamamiento serían “conducidos por la fuerza pública”.
El abogado de Gómez insiste en que Peinado actúa “como si tuviera excesiva prisa en finalizar el procedimiento”, lo que, a su juicio, priva a las partes de “trámites esenciales”. Considera que esta actuación vulnera el derecho a un proceso con todas las garantías, genera un “riesgo cierto de nulidad” de las actuaciones en caso de que la Audiencia Provincial de Madrid estimara los recursos que presentó y que tiene pendiente resolver, y produce una “situación de indefensión material”. Por ello, pide al juez que rectifique su decisión y paralice el procedimiento hasta que se resuelvan todos los recursos que tiene pendiente el órgano superior.
La defensa se apoya en la circular 4/1995 de la Fiscalía General del Estado, que sostiene que es necesario que se resuelvan los recursos sobre la idoneidad del procedimiento del jurado antes de que siga adelante la causa.
[Noticia en elaboración. Habrá ampliación]
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