En defensa del odio

Odiar no es delito. No es ni siquiera un ilícito. Puede ser desagradable, malo para el estómago y tristón, pero no es un crimen. Tampoco lo es expresarlo.

El concepto del discurso del odio es un caballo de Troya contra la libertad. En Libertad de expresión (Ladera Norte), Jacob Mchangama señala una curiosa rima de la historia. Cuando los abolicionistas criticaban la esclavitud, uno de los argumentos para justificar la censura de su discurso “incendiario” era la difamación contra un grupo o asociación. El requiebro prefiguraba la idea del discurso del odio: un senador se quejaba de que los textos abolicionistas “contienen reflexiones que hieren los sentimientos” de los sureños; estaban siendo “profunda, vil y maliciosamente calumniados”. Es más relevante la advertencia de Eleanor Roosevelt, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Defendía que solo se proscribieran las apologías del odio nacional o religioso que incitaran a la violencia, y criticaba la propuesta soviética de prohibir el discurso del odio: “Cualquier crítica a las autoridades públicas y religiosas podría ser considerada con demasiada facilidad incitación al odio y, en consecuencia, prohibida”. Acertó: el discurso del odio es una categoría confusa que sirve para casi cualquier opinión que no nos guste.

La asimetría y sus trampas son tan obvias que da vergüenza señalarlas: esos gusanos nos deshumanizan, etcétera. Las leyes ya castigan el acoso, las difamaciones y las amenazas. Cuando conocemos casos de ese tipo, siempre hay quien dice que exigen un cambio legal, pero las normas existentes son las que han permitido atajar el abuso. La denuncia del discurso del odio sirve para estigmatizar y para que el poder fiscalice a los ciudadanos: es lo que proponen plataformas como Hodio. Josu de Miguel se preguntaba si el Gobierno va a tratar los datos sin nuestro consentimiento y si ya no está vigente en España la prohibición de tratar datos que puedan revelar opiniones políticas. Germán Teruel alerta del “potencial liberticida” de la combinación de Hodio y la ley europea de servicios digitales: por un lado, el incentivo de las plataformas es actuar “con el mayor celo censor para evitarse problemas”; por otro, las herramientas están en manos de “órganos políticamente influenciables”. ¿Quién va a defender el odio, que Spinoza definía como “una tristeza acompañada por una causa externa”? Quizá el propio filósofo neerlandés, que escribió que “en un Estado libre está permitido que cada uno piense lo que quiera y diga lo que piensa”.